Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes, citadas como investigadas por el caso 'Púnica'

El juez del caso Púnica, Manuel García Castellón, ha citado como investigadas a las expresidentas madrileñas Cristina Cifuentes y Esperanza Aguirre. Tendrán que comparecer en calidad de investigadas los días 1 y 18 de octubre, respectivamente, en la pieza sobre la presunta financiación ilegal del PP de Madrid.

Según el auto de imputación de Aguirre, el PP de Madrid financió "de forma opaca y fraudulenta" las campañas electorales autonómicas del 2007 y 2011 y las generales de 2008 "ocultando" el "verdadero coste" de las mismas y su financiación, "eludiendo de forma continuada y bajo un mismo patrón de actuación" las obligaciones de la Ley Electoral.

"La investigación arroja indicios racionales de que (Esperanza Aguirre) sería quien ideó la búsqueda de recursos que financiaran las campañas que ella misma seleccionaba, y la supervisora última de las sinergias entre sus consejeros de confianza, que impulsó con dicha finalidad", indica el magistrado de la Audiencia Nacional.

Además de a Aguirre, el juez también atribuye "un papel decisivo y esencial" en la toma de decisiones sobre la financiación del partido a los que fueran sus más estrechos colaboradores, el expresidente madrileño Ignacio González y el exconsejero Francisco Granados, y al exgerente del PP de Madrid Beltrán Gutiérrez.

Esta citación se produce después de que Francisco Granados, exconsejero de Presidencia madrileño y exsecretario general del PP en Madrid, apuntara en declaraciones en este ‘caso Púnica’ a altos dirigentes de la formación popular como conocedores de la presunta financiación irregular del partido.

En alguna de estas comparecencias, Granados señaló a Ignacio González y Cristina Cifuentes como responsables de una campaña de “refuerzo” de la imagen de Aguirre, que presuntamente habría sido financiada de manera irregular. No obstante, en febrero pasado, el exconsejero madrileño negó que las anotaciones hechas en una agenda que se le incautó se refirieran a aportaciones ilegales de empresas al PP de Madrid.