El gobierno se enfrenta esta semana a la prórroga más difícil del estado de alarma. No sólo porque no tiene garantizado el respaldo de los grupos parlamentarios, también porque las autonomías comienzan a presionar para tomar ellos las riendas de la desescalada
Algunos presidentes autonómicos se oponen a que se siga prorrogando el Estado de Alarma porque eso supone que no pueden controlar el paso de una fase a otra.
¿Qué autonomías quieren controlar la desescalada en sus territorios?
El lehendakari, Iñigo Urkullu, el presidente de la Generalitat, Joaquim Torra, la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, quieren gestionar la salida del confinamiento.
Urkullu quiere que se vuelva a la legislación ordinaria y Torra ha insistido en mantener una reunión bilateral para tratar de la necesidad de recuperar las competencias.
También ha pedido una reunión bilateral la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que advierte a Pedro Sánchez de que "si Madrid cae, el colapso para el resto del país va a ser seguro" según ha dicho en Onda Cero..
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, critica que el Gobierno esté haciendo un "uso desproporcionado" del estado de alarma casi como si se tratara de un "estado de excepción".
El gobierno no está dispuesto a ceder competencias y no tiene Plan B
El Gobierno ya ha dicho que no está dispuesto a darles las riendas y da de plazo a los presidentes autonómicos hasta el 6 de mayo, a las 14 horas, para que hagan sus propuestas para la desescalada del coronavirus en España.
El Gobierno ha destinado un fondo de 16.000 millones de euros destinado a las autonomías para la reconstrucción. Se repartirá a través de transferencias directas que no tendrán que devolver.
El reparto de este fondo se dividirá en tres fases: la primeras, de 6.000 millones, será "a corto plazo", y las otras dos serán en la segunda parte del año.
Para avanzar de fase las comunidades deben garantizar algunas condiciones en un plazo máximo de cinco días. En ese plazo deben disponen de entre 1,5 y 2 camas de UCI y entre 37 y 40 camas de enfermos agudos por cada 10.000 habitantes por si hubiera un rebrote.
