Álvaro García Ortiz pide apartar a los magistrados del Tribunal Supremo que deciden si tiene que seguir como fiscal general del Estado

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha pedido apartar a los magistrados del Tribunal Supremo (TS) que tienen que decidir si sigue en su puesto. Son los mismos vocales que anularon el martes el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal togada y como fiscal de Memoria Democrática. El martes aseguró en una entrevista estar tranquilo: "El Gobierno no me puede cesar".

Los cuatro magistrados a los que se refiere García Ortiz tienen que estudiar el recurso de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) contra su renovación. El fiscal general del Estado, según fuentes fiscales a Europa Press, ha presentado un escrito de recusación en el que pide que los vocales de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo no se hagan cargo del recurso.

La petición ha sido presentada a título personal por el propio García Ortiz y no por la Abogacía del Estado. La Sección Cuarta es a la que le corresponden los asuntos relativos a personal o derechos fundamentales. No se ha recusado a la quinta magistrada de la Sección ya que no participó en la deliberación y fallo de noviembre sobre la designación de Dolores Delgado como fiscal togada de la Sala de lo Militar del Supremo.

Si los magistrados recusados no se apartan, la Ley Orgánica del Poder Judicial contempla en el artículo 227 que será la Sala 61 la que tendrá que actuar sobre la petición del fiscal general del Estado. Esta Sala dispone de 15 magistrados: el presidente interino del TS, los presidentes de Salas, los cinco magistrados más antiguos y los cinco más recientes de cada una de las salas.

La petición de la Asociación de Fiscales

APIF presentó en febrero el recurso contra el Real Decreto por el que el Ejecutivo renovó al fiscal general al considerar que "no es idóneo para desempeñar, conforme a la Constitución, las funciones que tiene asignadas, entre ellas la jefatura de todos los fiscales de España".

Asimismo, el PP pide el cese del fiscal general del Estado tras la anulación del nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Memoria Democrática. El Tribunal Supremo anuló su nombramiento tras estudiar los recursos de la Asociación de Fiscales, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales y el fiscal antidroga Luis Ibáñez -candidato al cargo de Delgado- contra la designación. El Senado debate este miércoles una moción del Partido Popular que promueve su cese.

En las últimas horas Álvaro García Ortiz ha exclamado que "hay una marejada al rededor de la figura del fiscal general del Estado". "Todo hay que decirlo, más cuando es de un Gobierno progresista que cuando es de otro signo político", detallaba Sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial, asegura que "quizá no sea bueno que el Fiscal General se manifieste sobre ello", lo que es "evidente" es que "llevamos cinco años con una anomalía constitucional por la voluntad inequívoca de uno de los partidos que no quiere llegar a un acuerdo".

El Senado exige su dimisión

El PP también ha aprobado este miércoles, haciendo uso de su mayoría absoluta, una moción en el Senado para exigir que Álvaro García Ortiz cese como Fiscal General del Estado. No es vinculante pero ahonda en la imagen de desprestigio de la Fiscalía e interpela al Gobierno.

Lo cierto es que la ley dice que el Gobierno no puede cesar al Fiscal General del Estado. Según la ley que regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, el Fiscal General sólo puede cesar por 5 motivos: a petición propia, por incompatibilidades, por enfermedad o incapacidad, por incumplir sus funciones o cuando "cese" el Gobierno que le propuso. En esta línea, el Ejecutivo dice que respeta la división de poderes, pero el PP cree que el Gobierno puede hacer más para que se contemple una de esas posibilidades.

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