Amnistía Internacional considera que 2017 ha sido un mal año para la libertad de expresión en España y denuncia que "alzar la voz, incluso en redes sociales, se ha vuelto cada vez más peligroso", como muestra las 20 condenas dictadas por "enaltecimiento al terrorismo" y humillación a las víctimas.
En el balance anual sobre el cumplimiento de los derechos humanos en 159 países del mundo, Amnistía Internacional alerta de las consecuencias de la retórica del odio y el miedo -en los discursos de los gobernantes-, que amenaza con normalizar la discriminación de los grupos marginados.
El informe también condena "el uso excesivo de la fuerza por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado durante el 1 de octubre en Cataluña contra miles de manifestantes" ante la prohibición del referéndum.
En España, el director de Amnistía Internacional, Esteban Beltrán, ha denunciado que "cada vez hay más miedo a salir a la calle y a movilizarse para reclamar derechos" por las "miles de sanciones impuestas a particulares, activistas y periodistas en relación con libertad de expresión" en aplicación de la "ley mordaza" o de Seguridad Ciudadana. "La arbitrariedad con la que se aplican las sanciones, la discrecionalidad con que opera la Policía y la falta de mecanismos de supervisión de la actuación policial está teniendo sus consecuencias", ha añadido Beltrán, quien insiste en que "se han disparado los juicios y condenas" por ese motivo.
Amnistía lamenta que "comentarios en redes sociales, letras de canciones controvertidas y bromas están siendo criminalizadas bajo esa categoría vaga de enaltecimiento del terrorismo y de humillación a las víctimas".
En esta evaluación de los derechos humanos, Amnistía expone el impacto que siguen teniendo los recortes sanitarios y educativos, "que se mantienen", y la desprotección frente al derecho de vivienda. Censura los desalojos forzosos "sin garantías judiciales adecuadas, ni provisión de alojamiento alternativo por el Estado" realizados en 2017: 26.767 desalojos por impago de alquiler y 16.992 por ejecución hipotecaria.
España incumplió sus compromisos de reubicación y reasentamiento de refugiados con la Unión Europea y respecto a las peticiones de asilo registradas el pasado año, explica el informe, ascendieron a 25.853, aunque al concluir octubre seguían pendientes de resolver 34.655 solicitudes. "Los derechos humanos no se encuentran entre las políticas migratorias", ha señalado Beltrán, quien ha lamentado que sigan registrándose "devoluciones en caliente" en la frontera de Melilla, a pesar de que España haya sido condenada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
En la presentación del informe, la abogada que defendió esos casos, Isabel Elbal, ha destacado la importancia de que el tribunal europeo haya declarado que "las devoluciones en caliente son ilegales porque vulneran el derecho a los derechos". "La seguridad de la ciudadanía es compatible con el cumplimiento de los derechos humanos", ha opinado la letrada.
Ignacio Robles, un bombero de Bilbao que ha sido expedientado por negarse a colaborar en un envío de armas a Arabia Saudí desde el puerto de Bilbao, ha relatado las consecuencias para su vida personal y profesional de haberse negado "a ser cómplice de crímenes de guerra".
