Amnistía Internacional y Save The Children piden que pare la repatriación de menores a Marruecos

Amnistía Internacional ha pedido al Ministerio del Interior que "paralice de forma inmediata" las devoluciones de los 800 menores que llegaron a Ceuta en mayo y que han comenzado este viernes. Una que también ha hecho Save The Children, asegurando que "cualquier repatriación colectiva" de menores migrantes es "ilegal".

En un comunicado, la organización humanitaria solicita dicha paralización "hasta que cada expediente haya sido revisado por la Fiscalía de Menores y asegure que se ha actuado de conformidad con el interés superior de los niños y niñas". La repatriación, además, ha motivado los reproches del Ministerio de Derechos Sociales a Interior.

Niñas vendidas como trabajadoras domésticas

Unicef se ha sumado a las críticas y reproches asegurando, por medio de su directora de Sensibilización y Políticas de Infancia, Carmen Molina, que no entiende está operación por parte de Gobierno.

Molina ha indicado, además, que tanto Unicef como Save the Children estaban entrevistando a los menores para conocer sus circunstancias personales y realizar los protocolos previstos en la ley.

"No sabíamos que esto iba a suceder, para todos ha sido inesperado y tampoco entendemos la base legal sobre lo que están haciendo esto; atendiendo a la legislación nacional, europea e internacional hay un protocolo que cumplir, se estaba llevando a cabo y todavía no se han hecho todas las evaluaciones a los niños", ha asegurado.

Unicef ha denunciado, asimismo, que entre los menores devueltos hay niñas vendidas como trabajadoras domésticas, otras que iban a obligar a casar y niños perseguidos por su condición sexual.

El Defensor del Pueblo pide el cese de las devoluciones

Por su parte, el Defensor del Pueblo también ha pedido al Ministerio del Interior el cese de las devoluciones de menores a Marruecos que ha iniciado este viernes desde Ceuta y ha abierto actuaciones de oficio ante las numerosas quejas que han presentado oenegés por falta de garantías legales.

La institución ha dirigido un escrito al departamento que dirige Fernando Grande-Maslaska en el que recuerda "el deber legal que le incumbe de dar cumplimiento a las previsiones del artículo 35.7 de la Ley Orgánica 4/2000 de los Derechos y Libertades de los extranjeros en España y de su integración social".

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