La jueza Mercedes Alaya dice que UGT y CC.OO. constituían asociaciones de trabajadores afectados para manejar el dinero de las prejubilaciones. Asociaciones en las que Manuel Pastrana, líder de UGT, y Francisco Carbonero, de CC.OO., figuraban como presidente y vicepresidente. Ellos designaban al mediador. En este caso, un despacho de abogados de Sevilla donde trabajaba Juan Lanzas.
El exsindicalista está en prisión por el cobro de más de trece millones en comisiones. Los sindicatos niegan cualquier vinculación con este fraude.
La jueza también apunta a los sindicatos como corresponsables de la inclusión de intrusos en los eres falsos. En concreto en el ERE de la minería de Huelva, de 796 prejubilados de los cuales 44 nunca habían pisado la mina.
La Guardia Civil, mientras tanto, quiere que se mantenga el secreto del sumario porque necesita más tiempo para concluir las investigaciones sobre los bufetes, aseguradoras y sindicatos que participaron en el reparto de comisiones ilegales.
José Antonio Griñán, presidente de la Junta de Andalucía, dará explicaciones ante el Parlamento andaluz, algo que los socialistas andaluces califican de ejemplar. Para el Partido Popular, sin embargo, Griñán está acorralado por la justicia y sus propias mentiras.
Además, el PP de Andalucía le advierte de un nuevo frente: los 4.000 millones de euros del fondo de formación, investigados por un juzgado de Sevilla. José Luis Sanz, secretario general del los 'populares' andaluces, dice que Griñán además debe pedir disculpas a los andaluces.
