El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha impuesto una fianza civil solidaria de 800 millones a varios imputados del "caso Bankia", entre ellos a la entidad y su matriz, BFA, y su expresidente Rodrigo Rato, por las presuntas irregularidades en su salida a bolsa. En un auto, el magistrado fija esta fianza también para el que fuera mano derecha de Rato, José Manuel Fernández Norniella, el ex vicepresidente de la entidad José Manuel Olivas y el exconsejero delegado Francisco Verdú, a los que da un mes de plazo para abonarla, dejando fuera al resto de exconsejeros imputados.
De esta forma, solo ha incluido a los cuatro miembros del Consejo de Administración, además de Rato, responsables del acuerdo adoptado en la reunión del 15 de junio de 2011, en la que se aprobaron los estados financieros que fueron incorporados al folleto informativo de la salida a bolsa, "cuya veracidad está cuestionada con sólidos y fundados indicios". Según el juez, de la prueba pericial que cuestionó las cuentas con las que Bankia salió a bolsa y el resto de pruebas practicadas se desprende un delito tipificado en el Código Penal que castiga a quienes como "administradores de hecho o de derecho de una sociedad emisora de valores, falsearan la información económica financiera contenida en los folletos de emisión de cualesquiera instrumentos financieros, con el propósito de captar inversores o depositantes".
Esa prueba pericial, elaborada por los dos técnicos cedidos por el Banco de España, pone de manifiesto "con toda rotundidad que los estados financieros contenidos en el folleto de la OPS (oferta pública de suscripción) de Bankia no expresaban la imagen fiel de la entidad", extremo que el contrainforme de parte aportado por la entidad no contradice en ningún momento, subraya Andreu. Así, el juez explica que existió esa falsedad en primer lugar porque los estados financieros de Bankia y BFA no expresaban su imagen fiel desde antes de su constitución.
Derivado de ello, tampoco fue veraz la explicación contenida en el folleto informativo dirigido a los inversores minoristas, "pues las negociaciones con los del tramo institucional tienen otro recorrido, dado que los mismos conocen otros aspectos complementarios tanto de su inversión como de los riesgos, teniendo conocimientos más amplios de los que tienen los minoristas". Por este motivo, sin perjuicio de salvaguardar los intereses de los inversores institucionales, el magistrado calcula esta cuantía "con carácter provisional" para asegurar las "legítimas expectativas de los citados accionistas minoristas".
Una cuantía "proporcionada, adecuada y justificada a los fines" y que resulta de sumar la tercera parte de los 1.800 millones en acciones que Bankia colocó entre minoristas (600 millones) más el tercio establecido en la ley para fianzas civiles. No obstante, Andreu recuerda que la ley permitirá ampliar o reducir esa cifra, según la evolución del proceso judicial.
Bankia ya ha recurrido la decisión del juez Andreu
Bankia ha anunciado que recurrirá la fianza solidaria de 800 millones de euros impuesta por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu por las presuntas irregularidades en la salida a Bolsa de la entidad. Dado que el auto no es firme, una vez concluya su análisis, el banco interpondrá un recurso en defensa de la propia compañía y de "sus accionistas", entre ellos los contribuyentes, puesto que la mayor parte de su capital sigue estando en manos del Estado.
El anuncio de Bankia, mediante hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, llega apenas unas horas después de conocerse que Andreu había impuesto una fianza civil solidaria de 800 millones a la entidad y su matriz, BFA, así como al expresidente Rodrigo Rato y los exejecutivos José Manuel Olivas, Francisco Verdú y José Manuel Fernández Norniella. Esta cantidad debería presentarse en el plazo de un mes, de cualquiera de las formas admitidas en derecho, con el apercibimiento de que, si no se presenta, se decretaría el embargo de bienes hasta llegar a la cantidad fijada, decía el auto.
Es de esperar que Rato y el resto de antiguos ejecutivos a los que se les reclama la fianza recurran también el auto, que solo ha incluido al expresidente de la entidad y a los cuatro consejeros responsables del acuerdo por el que el 15 de junio de 2011 se aprobaron las cuentas que sirvieron para la salida a bolsa, "cuya veracidad está cuestionada con sólidos y fundados indicios".
