El exsecretario general del PP y exministro Ángel Acebes ha afirmado ante el juez que no le consta que en el partido existiera una caja B ni que se usaran fondos de ella para comprar acciones de Libertad Digital, ya que él se encargaba solo de la parte política y no de la económica.
Así lo ha afirmado a los periodistas la abogada de Manos Limpias, Virginia López Negrete, personada como acusación popular en el caso sobre los papeles de Luis Bárcenas con la supuesta contabilidad B del PP, al término de la declaración de Acebes ante el juez del caso Gürtel en la Audiencia Nacional, Pablo Ruz.
Ruz ha citado a Acebes, el primer secretario general del PP imputado en el caso de los papeles de Bárcenas, a raíz de un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía que analiza la operación de compra de acciones de Libertad Digital (LD) en 2004 por unos 400.000 euros con fondos que pudieron provenir de la caja B que manejaba el extesorero Luis Bárcenas. Fue precisamente Bárcenas, en prisión desde hace más de un año, quien relató al juez Ruz que Acebes autorizó el uso de este dinero al también extesorero Álvaro Lapuerta, quien debe asimismo comparecer hoy como imputado para aclarar este aspecto de la investigación.
Los otros citados son Antonio Vilela, de la constructora Rubau, y, como testigos, el expresidente de LD Alberto Recarte y los accionistas Alberto Dorrego y Borja García Nieto. Esta vertiente de la investigación de la caja B del PP ha pasado a engrosar el sumario del caso Gürtel y dejará de estar, por tanto, enmarcada en la pieza denominada caso Bárcenas, según decidió el juez hace unos días, por lo que a las comparecencias podrán acudir los abogados y fiscales de ambas.
Ante Ruz han desfilado por esta causa, aunque como testigos, otros secretarios generales del PP en distintas épocas, Francisco Álvarez Cascos, Javier Arenas y María Dolores de Cospedal, si bien hasta el momento el juez no había acusado directamente a ningún miembro de la dirección nacional de haber conocido la existencia de la supuesta contabilidad opaca del partido. En diciembre de 2013 rechazó imputar a Acebes en relación a los sobresueldos que supuestamente habría recibido procedentes de la caja B, al considerar que su conducta no tenía reproche penal y que en cualquier caso los hechos estaban prescritos.
Sin embargo, Ruz cree que sí podría haber tenido responsabilidad en el "eventual conocimiento y autorización" de la compraventa de acciones, "pudiendo haber colaborado a que tales fondos terminaran siendo detraídos por sus iniciales destinatarios aprovechando estos la opacidad de los mismos", lo que constituiría un delito de apropiación indebida por omisión.
Según el auto de citación del magistrado y de acuerdo con las declaraciones de Bárcenas, Recarte solicitó al entonces secretario general del partido que el PP contribuyera a la compra de acciones de la ampliación de capital del medio de comunicación, y Acebes trasladó luego a Lapuerta el encargo de encontrar empresarios que quisieran suscribir estas participaciones.
En vista de que no conseguían a suficientes empresarios que compraran las acciones, explicó Bárcenas, Acebes autorizó el uso de dinero negro de la caja B para comprar estas acciones, operación que hicieron varias personas próximas a Bárcenas, que actuaron, según la UDEF, como "meros tenedores formales" de las participaciones.
Estas personas fueron el propio Lapuerta, la mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias, Francisco Yáñez, padre del apoderado de Bárcenas, y Alberto Dorrego, quien ostentó el cargo de director general de Modernización de la Justicia. Entre todos ellos suscribieron en acciones alrededor de 400.000 euros provenientes de la contabilidad paralela.
El único dinero que volvió a la caja B fueron los 121.000 euros de los que dispuso Yáñez, ya que este vendió luego las acciones a una tercera persona y retornó la cantidad al PP. Los 149.600 euros que usó la mujer de Bárcenas y los 139.700 euros de la caja B de los que dispuso Lapuerta (que se convirtieron en 209.550 euros cuando, tiempo después, vendió las acciones a otra persona), no retornaron en cambio a la contabilidad B, y en el primer caso el matrimonio Bárcenas usó el dinero para pagar un piso, sostiene la UDEF.
