La exdiputada de la CUP Anna Gabriel ha anunciado que no acudirá a declarar ante el Tribunal Supremo, donde está citada este miércoles como investigada en la causa que instruye el magistrado Pablo Llarena por el proceso independentista: "No iré a Madrid". "Como no tendré un juicio justo en mi país, he buscado un país que pueda proteger mis derechos", ha relatado en una entrevista publicada este martes en el periódico suizo 'Le Temps'.
Gabriel se desplazó el fin de semana a Ginebra y este mismo martes por la tarde hay prevista una rueda de prensa de la CUP en Barcelona para explicar la estrategia de defensa de la exportavoz 'cupaire' en el Parlament.
La anticapitalista ha comparado la situación en España con "lo que sucede en estos momentos en Turquía" y ha criticado que está siendo investigada por su actividad política, ya que siempre ha defendido pacíficamente la celebración del referéndum del 1 de octubre, ha dicho.
"Cuando vi el destino de algunos de mis colegas que están en prisión desde diciembre, me di cuenta de que debía irme. No soy la única en arriesgarme a ir a la cárcel, el resto del Govern está amenazado", ha explicado, en referencia a los consellers cesados en prisión preventiva, y ha considerado que será más útil a su movimiento desde el extranjero que desde la cárcel.
Ha asegurado que "la cuestión de Catalunya debería poder resolverse políticamente, pero las autoridades españolas quieren silenciar la independencia mediante la represión", y sostiene que el Gobierno central no actúa ante la violencia de grupos fascistas. Asimismo, lamenta que "maestros, policías, políticos e incluso meros electores" también están siendo investigados por su papel en el proceso soberanista catalán.
La CUP ha defendido a través de un comunicado la decisión de Gabriel para protegerse de un tribunal que "ya ha decidido su culpabilidad", y tacha de política la causa abierta en el Supremo. En el mismo documento, Gabriel esgrime que no debería investigarse a las personas incluidas en la causa contra el proceso soberanista, "sino al Estado español y a su baja calidad democrática".
