Anticorrupción asegura que el fiscal del caso Lezo, Carlos Iañez, ha renovado a petición de Moix

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha renovado al fiscal del caso Lezo Carlos Iañez en la plaza que ocupa en comisión de servicios en la Fiscalía Anticorrupción a petición del actual jefe de esta Fiscalía Especial, Manuel Moix.

Según una nota emitida por la Fiscalía Anticorrupción, la renovación del fiscal Carlos Iañez se ha producido "a petición del Fiscal Jefe" Anticorrupción, Manuel Moix, y "ha sido aprobada por la Fiscalía General del Estado". Por el caso Lezo se desarticuló la trama presuntamente corrupta liderada por el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González.

Este comunicado ha sido emitido tras las "informaciones aparecidas" en la que se aseguraba que había sido destituido de esa investigación que lleva junto a la fiscal Carmen García. Moix ha asegurado que ni ha cesado a Iañez ni le ha apartado de esa investigación y afirma que él mismo propuso su renovación, aprobada por Maza.

La renovación se habría producido hace unas semanas ante el inminente vencimiento de esta situación administrativa provisional y, de no haberse aprobado, este fiscal debería haber abandonado su puesto en Anticorrupción y volver a aquel del que es titular en la Fiscalía de Granada, según han asegurado fuentes fiscales, quienes precisan que Iañez seguirá en Anticorrupción y encargándose además de la operación contra la trama que desvió presuntamente fondos públicos de la Comunidad de Madrid.

Iañez procede de la Fiscalía de la Junta de Andalucía, concretamente de la Fiscalía granadina, y llegó a Anticorrupción en 2010 comisión de servicios, puesto que ahora le ha renovado el fiscal general.

Ambos fiscales discreparon al inicio de la operación sobre un registro en la empresa Inassa, pieza clave en la investigación del caso sobre la presunta corrupción del Canal de Isabel II. Moix presentó una orden por escrito para retrasar ese registro para desligarlo de este caso, pero Iañez solicitó la convocatoria de la Junta de Fiscales de Anticorrupción, que se decantaron de forma mayoritaria por llevar a cabo ese registro.