Compra de mascarillas
Anticorrupción interroga a Tomás Díaz Ayuso por su papel en la compra de mascarillas para Madrid
Fiscalía Anticorrupción ha interrogado al hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Tomás Díaz Ayuso, por el contrato de la compra de material sanitario durante la primera ola del coronavirus. La declaración habría tenido lugar el pasado 6 de abril.
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Fiscalía Anticorrupción ha interrogado a Tomás Díaz Ayuso, el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por el contrato adjudicado por la Comunidad del que se benefició con la compra de material sanitario de protección durante la primera ola del coronavirus. La declaración ante el Ministerio Público habría tenido lugar el día 6 de abril.
El fiscal jefe, Alejandro Luzón, preguntó a Díaz Ayuso por el contrato, que ascendió a 1,5 millones de euros y en el que resultó adjudicataria la empresa Priviet Sportive S.L. La adjudicación fue denunciada por Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos después de que trascendiera un supuesto espionaje a la líder del Ejecutivo madrileño y que la propia presidenta confirmara que su hermano percibió 55.850 euros más IVA por haber participado.
Según informaron fuentes conocedoras de la investigación, Tomás Díaz Ayuso defendió la legalidad de la adjudicación y explicó que fue un organismo dependiente de la consejería, el Servicio Madrileño de Salud, quien hizo la compra.
Mismo día que el consejero de Sanidad madrileño
Ese mismo día, el pasado 6 de abril, Anticorrupción interrogó también al consejero de Sanidad madrileño, Enrique Ruiz Escudero, quien explicó en detalle el procedimiento de adjudicación. Sostuvo que los técnicos avalaron la adjudicación y que no medió ningún sobreprecio. Señaló que sus explicaciones no varían nada de las que ya ofreció en rueda de prensa con el titular de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, sobre el procedimiento administrativo.
La Comunidad de Madrid hizo público a finales del pasado mes de febrero que el hermano de Ayuso había efectuado labores de intermediación por las que cobró una cifra de 238.000 euros en cuatro pagos, aunque uno de ellos se corresponde con el contrato que investiga el Ministerio público. Fue entonces cuando Anticorrupción abrió una investigación para esclarecer el contrato de mascarillas y si hay indicios de delito en este contrato "a la vista de que los hechos denunciados pudieran llegar a ser constitutivos de delitos que resultan de la competencia de esta Fiscalía Especial".
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