La Fiscalía Anticorrupción solicita seis años de prisión para el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa, así como cuatro años y seis meses para el también expresidente de la entidad Rodrigo Rato por la emisión de las llamadas tarjetas 'black'.
En su escrito de acusación, remitido a la Audiencia Nacional, Anticorrupción además acusa a los otros 64 usuarios de las tarjetas por un supuesto delito continuado de apropiación indebida, con penas diversas de entre cuatro y un año de prisión, dependiendo de si se aplica el atenuante de reparación de daño al haber devuelto las cantidades gastadas.
Con respecto a los expresidentes de la entidad, la Fiscalía pide además de las penas de prisión, una indemnización de 9,3 millones de euros para Miguel Blesa y otra de 2,6 millones a Rodrigo Rato, correspondientes a las cantidades utilizadas por los usuarios de las tarjetas en el periodo en que cada uno de ellos presidió la entidad y deberán responder a ella "conjunta y solidariamente con cada uno de los acusados usuarios de tales tarjetas, debiendo deducirse las ya satisfechas".
Para el conjunto de los 66 acusados, se pide además la inhabilitación para ejercer un cargo público o relacionado con el sector bancario durante el tiempo de la condena. Así, Anticorrupción explica cómo Miguel Blesa autorizó la entrega de las tarjetas "para gastos de libre disposición, incluidos los ajenos a la representación de la entidad", creando así "una suerte de sistema retributivo que carecía de todo amparo legal".
Considera que las tarjetas fueron emitidas "al margen del circuito ordinario" de la entidad, para dotarlas de la "necesaria opacidad" y que fue su mano derecha, Ildefonso Sánchez Barcoj, quien "se encargó materialmente de dar las indicaciones" relacionadas con éstas.
Con respecto a los controles de la entidad, la Fiscalía explica que, "con el propósito de ocultar la verdadera naturaleza y finalidad de la emisión, Caja Madrid nunca practicó la correspondiente retención fiscal" y las incluyó en la contabilidad "indebidamente".
Tras la llegada de Rodrigo Rato, continúa el escrito, el entonces director general, Sánchez Barcoj, "le explicó el uso de estas tarjetas y le hizo entrega de una, decidiendo el nuevo presidente mantener el sistema establecido por su predecesor".
Esta acusación llega después de que, el 23 de diciembre del pasado año, el juez instructor del caso, Fernando Andreu, diese por concluida la fase de investigación y dejase la puerta abierta al juicio oral al considerar que los hechos podrían ser constitutivos de un delito por parte de los 66 usuarios de las tarjetas.
Las acusaciones particulares encabezadas por UPyD fueron las primeras en reaccionar y pidieron la máxima pena posible (10 años de prisión) para Blesa, Rato y Barcoj por supuestos delitos continuados de apropiación indebida y administración desleal. Para los 63 acusados restantes pidió 6 años de prisión e inhabilitación para cargo público por un delito de apropiación indebida.
