Caso Erial

Anticorrupción pide el ingreso inminente de Zaplana tras su condena en el caso Erial

La Fiscalía pide que Eduardo Zaplana ingrese en prisión inmediatamente al apreciar riesgo de fuga tras ser condenado por el caso Erial.

Eduardo Zaplana en una fotografía de archivo

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Hace tan solo una semana que el exministro del PP y expresidente de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana era condenado a 10 años y 5 meses de prisión por cohecho, prevaricación, falsedad de documento mercantil y blanqueo de capitales blanqueo en el 'caso Erial'.

A raíz de esta sentencia, Fiscalía Anticorrupción ha solicitado que el expresidente de la Generalitat Valenciana ingrese de inmediato en prisión. El fiscal encargado del procedimiento aprecia riesgo de fuga y, por este motivo, ha solicitado que Zaplana acuda a prisión, a pesar de que la resolución judicial todavía no es firme, según ha podido confirmar la agencia 'Europa Press' a través de fuentes conocedoras de la decisión.

El próximo 7 de noviembre se decidirá en una vista en la Audiencia de Valencia donde ambas partes se pronunciarán sobre esta petición.

Penas de entre 1 y 5 años de prisión para otros seis acusados

Además, la Audiencia también ha impuesto penas de entre un año y tres meses y cinco años de prisión a otros seis acusados por el mismo procedimiento. Sin embargo, los ocho encausados restantes han sido absueltos. Entre ellos figura José Luis Olivas, expresidente, también, de la Generalitat Valenciana y quien estaba acusado por los parques eólicos.

Los otros seis acusados

Junto a Eduardo Zaplana también están condenados:

  • Francisco Grau, abogado y asesor fiscal.
  • Juan Francisco García, antiguo jefe de gabinete en la Presidencia de la Generalitat.
  • Joaquín Miguel Barceló, amigo y testaferro del expresidente.
  • Juan y Vicente Cotino, empresarios y sobrinos de Juan Cotino (expresidente de Les corts y ex director general de la Policía).
  • Francisco Pérez

El 'caso Erial'

El 'caso Erial' es una trama de corrupción. Eduardo Zaplana estaba acusado de haber recibido sobornos entre 1997 y 2000, mientras era presidente del Gobierno valenciano. A cambio de estos sobornos, este adjudicaría contratos públicos durante su mandato, principalmente en relación con las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV) y de parte del plan eólico de la Comunidad Valenciana.

El Ministerio Público pedía el decomiso de 20,6 millones de euros, cantidad de la que supuestamente se apropiaron tanto Zaplana como otros 14 procesados, en una operativa de mordidas que se desviaron a paraísos fiscales como Panamá, Luxemburgo o Andorra.

Asimismo, el tribunal declara a Zaplana autor de los delitos de prevaricación, cohecho, falsedad documental y blanqueo de capitales. Además, también le impone un total de 17 años y 10 meses de inhabilitación para empleo o cargo público, tres años de inhabilitación para el ejercicio de su profesión y multas que en total superan los 25 millones de euros.

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