El fiscal Anticorrupción Pedro Horrach ha presentado un informe de Hacienda como nueva prueba en el juicio del caso Nóos para avalar su tesis jurídica sobre la Infanta Cristina y Ana María Tejeiro de que una conducta que no fue considerada infracción administrativa tributaria tampoco puede ser delito.
Horrach ha recordado al tribunal que, en un anexo del escrito de acusación de esta causa, pidió el sobreseimiento para Cristina de Borbón y Ana María Tejeiro y una de las alegaciones que formuló fue defender que una conducta inocua en el ámbito administrativo tributario impedía su consideración como hecho punible en el ámbito penal.
Horrach ha insistido en que, cuando lo único que marca la diferencia entre la infracción administrativa y el delito fiscal es el importe de la cuota defraudada, (que debe ser superar los 120.000 euros para ser punible), "no es posible trasladar al proceso penal lo que no está previsto como infracción administrativa en las leyes tributarias".
Después de que el juez instructor José Castro no respondiera a dicha alegación en el auto de apertura de juicio oral, Horrach solicitó un informe a la Dirección General de la Agencia Tributaria respecto a los criterios generales de actuación en el ámbito del procedimiento administrativo sancionador en relación a fraudes en el impuesto de sociedades y de IRPF. También consultó sobre la responsabilidad de los socios de las entidades mercantiles que sean objeto de inspección, ejerciesen o no actividades de gestión.
El informe aportado acredita su tesis jurídica y Horrach ha solicitado además que, si el tribunal no acuerda sobreseer la causa para la infanta y Ana María Tejeiro, declare como perito la autora del documento, Caridad Gómez, jefa de la Unidad Central en materia de Coordinación en Delitos contra la Hacienda Pública.
Los procesados no tendrán que estar en todas las sesiones
La presidenta del tribunal de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca que juzga el 'caso Nóos', Samantha Romero, ha rechazado la petición de Manos Limpias para que los 18 procesados -entre los que se incluye la Infanta Cristina de Borbón-, estén obligados a comparecer en todas las sesiones hasta la finalización del juicio que está prevista para finales del próximo mes de junio.
La petición ha sido realizada en la sesión de la tarde del juicio, que había sido interrumpido hora y media para comer, por la abogada Virginia López-Negrete, que ejerce la acusación popular en representación de Manos Limpias.
En concreto, la letrada había pedido al tribunal que reconsiderara una resolución anterior por la que estableció que los acusados podrían evitar su presencia en la sala de vistas una vez finalizara la ronda de interrogatorios, que está previsto que finalice el próximo 26 de febrero.
López-Negrete considera, por el contrario, que debe imponerse a la presencia permanente de los acusados durante todas las sesiones del juicio en aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), al considerar que su presencia en la sala no es sólo un derecho de los acusados sino "una obligación", y porque el hecho de no tengan opción a la última palabra pudiera dar lugar a posteriores recursos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).
Tanto el fiscal Pedro Horrach como los representantes de la Abogacía del Estado y de los servicios jurídicos de la Comunidad de Baleares se opusieron a esta petición, al igual que la totalidad de las defensas, algunos de cuyos representantes llegaron a calificar la petición de Manos Limpias de "monstruosa" o "irrazonable".
La magistrada Romero, en nombre del tribunal, ha rechazado la pretensión de Manos Limpias si bien ha anunciado que en el momento de concluir los interrogatorios preguntará a las partes si tienen interés o no en seguir en el juicio y les advertirá de las consecuencias procesales que tendrá no hacerlo.
Posición de Manos Limpias
El tribunal ha rechazado igualmente una segunda petición de la abogada López-Negrete en relación con el puesto que ocupa en la sala de vistas, en una segunda fila del estrado de acusaciones. La letrada cree que es importante que pueda estar en primera fila en el momento de los interrogatorios para poder ver "el lenguaje corporal" de las personas a las que pregunte.
Respecto a este punto, la presidenta del tribunal ha señalado que todos están colocados en la sala según el orden de intervención y que la posible falta de visibilidad se ve solventada con la colocación de pantallas que permiten ver la retransmisión del desarrollo de la vista.
Además, en el momento de los interrogatorios cada uno de los acusados irán pasando por una mesa colocada en el centro de la estancia que permitirá verles mejor.
