Anticorrupción señala que la renovación de Iañez se produjo antes de que estallara la 'operación Lezo'

El fiscal General del Estado, José Manuel Maza, renovó el pasado 6 de abril la comisión de servicio -plaza de carácter interino- de Carlos Iañez, uno de los fiscales adscritos a la 'operación Lezo' por la que se desarticuló la trama presuntamente corrupta liderada por el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González.

Según una nota emitida por la Fiscalía Anticorrupción, la renovación del fiscal Carlos Iañez se ha producido "a petición del Fiscal Jefe" Anticorrupción, Manuel Moix, y "ha sido aprobada por la Fiscalía General del Estado". Horas más tarde, Fuentes de la Fiscalía Anticorrupción han puntualizado que Maza aprobó esta renovación de Iañez en dicho departamento el 6 de abril.

La postura oficial de la Fiscalía Anticorrupción se ha conocido después de la aparición de informaciones en varios medios de comunicación que apuntan al posible cese de este fiscal en el caso que instruye el juez Eloy Velasco, ante lo que la Fiscalía Anticorrupción aclara que "no ha cesado a Carlos Iañez, fiscal encargado de la llamada operación Lezo, ni tampoco le ha apartado de esta investigación".

"De hecho, el propio Fiscal Jefe ha solicitado recientemente la renovación de su plaza en comisión de servicios en esta Fiscalía, renovación que ha sido aprobada por la Fiscalía General del Estado", explica el comunicado de Anticorrupción.

La renovación se habría producido hace unas semanas ante el inminente vencimiento de esta situación administrativa provisional y, de no haberse aprobado, este fiscal debería haber abandonado su puesto en Anticorrupción y volver a aquel del que es titular en la Fiscalía de Granada, según han asegurado fuentes fiscales, quienes precisan que Iañez seguirá en Anticorrupción y encargándose además de la operación contra la trama que desvió presuntamente fondos públicos de la Comunidad de Madrid.

La polémica sobre la renovación de Iañez en su puesto viene precedida de la tensa junta de fiscales Anticorrupción que tuvo lugar el martes de la semana pasada, después de que este fiscal y su compañera en la 'operación Lezo', Carmen García Cerdá, formalizaran discrepancias con su superior sobre determinadas decisiones relativas al operativo que al día siguiente iba concluir en la detenciones y registros por el que esta investigación se hizo pública.

La rebelión obedeció al intento de veto de Moix respecto de determinados registros vinculados a operaciones de la empresa Interamericana de Aguas y Servicios (Inassa) -filial del Canal de Isabel II- por operaciones sospechosas que se remontan a la etapa en la que Alberto Ruiz-Gallardón era el presidente de la Comunidad de Madrid. La decisión fue contestada por los fiscales del caso, que fueron apoyados mayoritariamente en junta por sus compañeros.

Iañez ha estado presente en todas las diligencias que se han practicado hasta el momento en el caso que se investiga en el Juzgado Central de Instrucción número 6 junto a su compañera García Cerdá.

Ambos se opusieron a determinadas directrices de su superior invocando el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, algo que está previsto en la propia norma pero que es muy poco habitual que ocurra. En dicho artículo se dice que aquel fiscal que reciba una orden "que considere contraria a las leyes o que, por cualquier otro motivo estime improcedente" se lo hará saber a su fiscal jefe "mediante informe razonado" y que, si éste "no considera satisfactorias las razones alegadas, planteará la cuestión a la Junta de Fiscalía".