El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto por el que modifica otros de 2006 con el objetivo de introducir cambios en los contenidos de la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos.
De esta forma, la materia podrá impartirse el próximo curso 2012-2013 con las modificaciones anunciados el pasado mes de mayo por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que se concretan en la eliminación de "cuestiones controvertidas y susceptibles de caer en el adoctrinamiento ideológico" y limitarla a la enseñanza de "valores cívicos y constitucionales".
Según argumenta el Ejecutivo en el texto aprobado, la asignatura ha sido un "tema de conflicto desde su origen", por entender un sector "importante" de la población española que su contenido atentaba contra ciertos principios constitucionales. "Este Gobierno defiende el respeto a la libertad de enseñanza y, consiguientemente, al derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus convicciones filosóficas, religiosas o morales (artículo 27 de la Constitución)", asevera.
Este cambio es el primer paso para la práctica eliminación de la materia del currículo del alumnado español en el curso 2013-2014, pero para ello hay que reformar la actual Ley Orgánica de Educación. El departamento de José Ignacio Wert quiere retirar la asignatura de Primaria y Bachillerato y que sólo se enseñe en un curso de la ESO, una iniciativa que tiene previsto materializar con la 'Ley Orgánica de Mejora de la Calidad'.
Así, se eliminan de la asignatura aprobada en 2006 por el Ejecutivo socialista las referencias a los afectos y emociones, las relaciones entre hombres y mujeres, a los prejuicios sociales, racistas, xenófobos o sexistas, a la pobreza en el mundo, a la 'feminización' de la misma, o a la falta de acceso a la educación como fuente de pobreza, entre otros asuntos.
Además, tal y como solicitó Cataluña en la Conferencia Sectorial de Educación -integrada por el ministerio y los responsables autonómicos en materia educativa- del pasado mes de junio, tampoco se incluirá en el texto definitivo el tema dedicado a los 'nacionalismos excluyentes' que incorporaba el borrador del decreto, dentro del apartado 'Los conflictos en el mundo actual'.
"La tarea de educar en democracia debe hacerse de un modo compartido y no excluyente entre la familia, las instituciones públicas, los centros educativos y la sociedad", señala el texto normativo aprobado por el Consejo de Ministros, en el que también se apela a la "obligación" del Estado de asegurar que los ciudadanos conozcan la Declaración Universal de los derechos Humanos, que se desarrolla en que se desarrolla en los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, la Convención Europea de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea - y la Constitución Española.
