Arranca el juicio contra cuatro exaltos cargos de Pujol por la presunta corrupción en Adigsa

La trama de presunto pago de comisiones en la empresa de vivienda de la Generalitat Adigsa llega este martes a juicio, doce años después de que la Fiscalía abriera una investigación a raíz de la polémica insinuación del expresidente catalán Pasqual Maragall de que CiU cobraba mordidas del 3%.

La Fiscalía pide penas de entre año y medio y diez años de cárcel para siete empresarios y excargos de Adigsa, por las presuntas irregularidades en la adjudicación de obras, una causa que comportó la imputación de entonces presidente de la empresa pública y exdiputado de CiU en el Parlament Ferran Falcó, aunque el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) lo acabó exculpando en 2013.

El juicio se inicia en la sección 22ª de la Audiencia de Barcelona, entre negociaciones de algunas defensas con la Fiscalía para lograr un pacto con el que puedan beneficiarse de una rebaja de la condena, que con toda probabilidad verán atenuada por dilaciones indebidas en la prolongada instrucción del caso.

La causa judicial de Adigsa era conocida hasta hace poco como el 'caso del 3%', dado que se inició a raíz de la polémica alusión al presunto pago de comisiones a CiU con la que Maragall sacudió un pleno parlamentario en 2005: "Ustedes tienen un problema, ese problema se llama 3%". Sin embargo, le ha acabado arrebatando el nombre la compleja causa que desde 2013 dirige un juzgado de instrucción de El Vendrell (Barcelona) sobre la presunta financiación ilegal de CDC, a través de mordidas de empresarios de al menos un 3%, un caso en el que están investigados el tesorero de CDC Andreu Viloca, su antecesor Daniel Osàcar y otros cargos del partido.

La Fiscalía inició su investigación sobre la presunta trama corrupta de Adigsa en 2005, días después de las insinuaciones de Maragall, pero finalmente solo halló indicios de una "mordida" del 20% que el empresario "arrepentido" José Antonio Salguero confesó haber pagado a cambio de la adjudicación de obra pública de Adigsa.

La causa comportó la imputación del entonces presidente de Adigsa y después diputado CiU en el Parlament Ferran Falcó, hasta que en 2013 la magistrada del TSJC Núria Bassols archivó las actuaciones en su contra, al entender que no estaba al corriente de las irregularidades en la empresa pública. Semanas después de que exculpara a Falcó, el expresidente de la Generalitat Artur Mas (CiU) fichó como responsable de política de Transparencia de la Generalitat a Núria Bassols.

El fiscal Emilio Sánchez Ulled, que instruyó el caso aunque no llevará el juicio por estar centrado en el proceso del Palau de la Música -en que también se juzga el presunto pago de comisiones de Ferrovial a CDC-, pide diez años de cárcel para el exconsejero delegado de Adigsa Josep Fontevila por los delitos de prevaricación, malversación y falsedad.

El ministerio público también pide nueve años y seis meses de prisión para el exgerente de Adigsa Jordi Huguet y para Jordi Sala, que era el encargado del mercado secundario de la empresa de vivienda pública.

Asimismo, solicita cinco años de cárcel para el intermediario José María Penin -pariente lejano del entonces conseller de Política Territorial Felip Puig, que en la época dirigía el departamento del que dependía Adigsa-, por ser el encargado de adjudicar las obras a empresarios afines, obviando las normas de contratación pública.

Por su parte, Angel Egido y Jordi Honrubia, dos de los empresarios adjudicatarios de las obras, afrontan cinco años de prisión y año y medio el 'arrepentido' José Antonio Salguero, quien denunció el caso ante la Fiscalía después de que la empresa pública dejara de pagarle, con la llegada del gobierno tripartito.

Según el ministerio público, los exresponsables de Adigsa, que compartían "militancia y actividades políticas en CDC" con Penín, permitieron a este intermediario adjudicar "a dedo" obras públicas a empresarios afines, inflando los presupuestos.

La Fiscalía sostiene que Fontdevila ordenó "caprichosa e injustificadamente" el pago de entre 3.000 y 4.000 euros a Penín "en la pretendida retribución de unas supuestas labores de tasación que nunca existieron" y se le encomendó que encargara obras de rehabilitación de vivienda pública a contratistas privados. De esa forma, la Fiscalía cree que los acusados desviaron 120.031 euros de Adigsa con el sobrecoste de los presupuestos, cantidad que ahora pide devuelvan solidariamente los imputados, y otros 28.895 por los pagos al pariente de Felip Puig.