El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha recurrido la fianza de 5,2 millones de euros impuesta por el Tribunal de Cuentas por el desvío de dinero público para la consulta del 9 de noviembre de 2014 alegando indefensión e irregularidades en la tramitación del procedimiento. Con este recurso, el abogado de Mas, Rafael Entrena, intenta parar la ejecución de la resolución del Tribunal de Cuentas, que dio al expresidente catalán un plazo de quince días para abonar esta cuantía para evitar el embargo de sus bienes. Además de Mas, el recurso lo han presentado la exconsellera Joana Ortega, para la que el Tribunal ha estimado una responsabilidad de 0,8 millones de euros, y Lluís Bertran, exsecretario general de Gobernación, y Josefina Valls, entonces directora de servicios este departamento.
Estos cuatro implicados afrontan una responsabilidad contable por diversos conceptos por un importe total de 5,52 millones de euros. El recurso expone la "irregular" tramitación que en este proceso han seguido las diligencias preliminares y las actuaciones previas, así como la "indefensión material" generada, lo que afecta, según el abogado de los implicados, "a la validez de todo lo actuado hasta la fecha". El letrado argumenta que a sus representados no se les notificó la fianza hasta su citación en el Tribunal de Cuentas, el pasado día 25, y aunque reconoce que ello es ajustado a ley, recuerda que "las leyes deben ser interpretadas de la forma más favorable para la efectividad de los derechos fundamentales y de conformidad con la Constitución".
"Y dicho principio no ha sido respetado en la tramitación de las expresadas actuaciones", señala el texto del recurso, que habla de "total y manifiesta indefensión" por parte de Mas y los demás implicados en la organización del 9-N. El letrado también asegura que a los afectados se les impidió el derecho a tener conocimiento de las actuaciones y formular alegaciones y solicitar la práctica de pruebas en defensa de sus intereses. Resulta asimismo "sorprendente", añade Rafael Entrena, la celeridad con que se efectuó la convocatoria para la liquidación provisional, pero "lo más grave", añade, es que "tanta premura en llevar a cabo la práctica de dicho trámite ha llevado a prescindir de la recepción de copiosa y fundamental documentación altamente trascendente para emitir un juicio fundado".
El Tribunal de Cuentas impone la fianza a los acusados ante el supuesto quebranto a fondos públicos estatales que se produjo con la convocatoria del 9-N. En este sentido, el abogado considera improcedente reclamar la responsabilidad contable por la adquisición de 7.000 ordenadores para los centros de enseñanza que se usaron en la consulta.
El recurso señala que tales ordenadores formaban parte de las necesidades recurrentes del departamento y "todos y cada uno de ellos" están siendo utilizados en centros públicos. En este punto, el abogado pide anular la liquidación provisional practicada y retrotraer las actuaciones hasta el momento oportuno con el fin de que la delegada instructora resuelva las alegaciones formuladas por la exconsellera de Educación Irene Rigau. Ello "no es en absoluto baladí", ya que podría suponer una rebaja de la fianza de Artur Mas por importe de más de 3 millones de euros, que son los que se reclaman a Rigau por la compra de los ordenadores para el 9-N.
