El Ministerio del Interior ha remitido a través de Instituciones Penitenciarias la contestación a las 14 preguntas plateadas por la Fiscalía belga antes de estudiar este jueves la posible extradición del expresident catalán Carles Puigdemont y los otros cuatro exconsellers que huyeron a Bruselas, evitando la comparecencia en la Audiencia Nacional.
Fuentes penitenciarias han explicado que en el documento, de 15 páginas, se responde pormenorizadamente a cada una de las 14 cuestiones planteadas por la Fiscalía belga, recordando aspectos como que Puigdemont mantendría en la prisión de Estremera el contacto con su abogado, de acuerdo a la legislación penitenciaria, y se cuidaría que no sufriera agresiones por parte de otros internos.
La Fiscalía belga se interesa por las celdas de aislamiento (que se utiliza sólo en caso de agresiones a funcionarios), la visita de familiares, la higiene o incluso la alimentación en las prisiones españolas. Interior explica que Puigdemont y los otros cuatro exconsellers ingresarían en la prisión de hombres en Estremera y las mujeres en Alcalá-Meco, una vez se autorice su traslado cumpliendo la orden de detención de la Audiencia Nacional.
Las prisiones catalanas gestionadas por Puigdemont
Las citadas fuentes han explicado que uno de los razonamientos que se hacen en el documento es que "no parece comprensible que se intente proyectar sospechas sobre las condiciones de internamiento en España por personas que han gestionado las cárceles en Cataluña", caso del expresident Puigdemont, "con los mismos estándares legales y elementos materiales" que en el resto de centros penitenciarios del país.
Se recuerda igualmente que la legislación nacional prohíbe la tortura y los malos tratos de acuerdo a la Constitución y que el artículo 6 de la Ley Orgánica General Penitenciaria recoge que: "Ningún interno será sometido a malos tratos de palabra u obra".
Instituciones Penitenciarias recuerda que España recibe periódicamente visitas del Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa y existe una "supervisión constante" del respeto a los derechos humanos en las prisiones por el Defensor del Pueblo y el Mecanismo de Prevención de la Tortura Nacional.
También se alude a que la Administración Penitenciaria española está directamente supervisada por jueces de vigilancia penitenciaria, "independientes, integrantes del poder judicial y con amplias facultades para corregir cualquier desviación o abuso que pudiera producirse".
