El Congreso ha aprobado este jueves el dictamen de la Comisión de Educación y FP sobre la LOMLOE, la reforma educativa también conocida como 'Ley Celaá', con los votos a favor del PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, Compromís, Más País y Nueva Canarias. La ley de Educación tiene tras de sí una histórica disputa y así lo ha explicado Vicente Vallés en Antena 3 Noticias.
"La de hoy es la octava ley de educación de la democracia. Ocho leyes en cuatro décadas. A un ritmo aproximado de una ley cada cinco años. Todas ellas aprobadas sin acuerdo entre el gobierno del momento y la oposición", ha señalado Vallés.
"Cada nuevo Gobierno deroga la ley del anterior, y hace una nueva ley que, a su vez, es derogada por el Gobierno siguiente. Mientras, el sistema educativo español sigue mostrando, año tras año, sus deficiencias. Pero parece evidente que llegar a grandes acuerdos nacionales en España es una quimera. Hoy, el gobierno ha cumplido uno de sus objetivos prioritarios, con un parlamento partido en dos", ha explicado.
La bancada gubernamental ha aplaudido con entusiasmo la recién aprobada Ley Celaá, mientras la bancada de la oposición lanzaba gritos pidiendo libertad. Y así, durante tres largos minutos.
La nueva ley ha salido adelante con 177 'síes', mayoría absoluta de la Cámara, frente a los 148 'noes' de PP, Cs, Vox, CC, PRC, UPN y Foro. Por tanto, la iniciativa será remitida al Senado para continuar con el trámite parlamentario.
Las claves de la Ley Celaá
La Ley Celaá que se ha aprobado recoge algunas de las enmiendas aprobadas en las últimas semanas y que han generado fuertes críticas entre la oposición, como es el caso de la supresión de la referencia al castellano como lengua oficial del Estado en la enseñanza, así como la consideración del castellano y las lenguas cooficiales como lenguas vehiculares.
El texto también incluye otros cambios como el aumento de plazas públicas en la educación de 0 a 3 años; la oferta "suficiente" de plazas públicas; que la asignatura de Religión no cuente para las notas medias; la prohibición de que los colegios concertados segreguen por sexo; la cesión de suelo público exclusivamente a la construcción de centros de titularidad pública; la fijación de la "excepcionalidad" de la repetición de curso; la inclusión de una cuarta modalidad de bachillerato más general; o la derivación de alumnos de centros de Educación Especial a centros ordinarios en el plazo de 10 años.
