Así fue el referéndum ilegal del 1-O en Cataluña, en vídeo

El 1 de Octubre de 2017 el Gobierno catalán intentó celebrar un referéndum de independencia. Miles de ciudadanos salieron a las calles para votar su futuro. Aquella fue una jornada cargada de tensión por una consulta popular que fue declarada ilegal.

El Tribunal Constitucional prohibió expresamente el referéndum del 1 de Octubre, aunque la Generalitat de Cataluña defendió la legalidad de esta consulta. Los ciudadanos tenían que responder a una única pregunta: “¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república?”.

Durante la madrugada de ese domingo, centenares de ciudadanos se concentraron en los colegios electorales a fin de evitar que la policía los clausurara. A las 6:00 horas, los Mossos d´Esquadra empezaron a desalojar y precintar los centros de votación.

Las fuerzas de seguridad se desplegaron para impedir, por mandato judicial, la apertura de colegios electorales. Sin embargo, a las 9:00 horas abrieron la mayor parte de los 2.315 centros de votación y se produjeron los primeros incidentes.

Policía Nacional y Guardia Civil se desplegaron para impedir el referéndum, ante la pasividad de los Mossos d'Esquadra, y se produjeron enfrentamientos entre ellos. Entraron por la fuerza en el colegio electoral donde tenía previsto votar el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y la Guardia Civil tumbó el sistema informático que recogía los datos de las votaciones.

La tensión aumentó a medida que avanzaba la jornada y comenzaron a producirse choques violentos entre policías y manifestantes.

A las 20:00 horas se cerraron los colegios electorales. Al final de la jornada, el presidente Carles Puigdemont anunció que "Cataluña se ha ganado a pulso su soberanía" y llamó al Parlament para que se aplicara el procedimiento previsto en la ley del referéndum para proclamar la independencia.

Desde el Palacio de La Moncloa, el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, también compareció para agradecer a los jueces y fiscales su labor al aplicar la ley y afirmó que el estado de derecho funciona. Observadores internacionales consideran que las votaciones no ofrecían ninguna garantía legal. La Comisión Europea corroboró la ilegalidad del referéndum.

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