El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP); el vicepresidente, Francisco Igea (Cs); y el portavoz parlamentario del PSOE, Luis Tudanca, han firmado hoy miércoles el pacto por la recuperación económica, el empleo y la cohesión social en Castilla y León, el primer acuerdo de este tipo que se alcanza en España. Del grupo mixto, integrado por cuatro formaciones, también lo han suscrito Podemos, Pablo Fernández, y Por Ávila, Pedro José Pascual, que no ha podido estar en el acto pero lo ha firmado previamente.
Las otras dos formaciones que integran el grupo mixto, la Unión del Pueblo Leonés, con su único procurado Luis Mariano Santos, no ha suscrito el pacto pero tampoco lo rechaza y buscará acuerdos puntuales, mientras que Vox se ha desmarcado del acuerdo.
El acto institucional se ha celebrado en el patio central de la sede de la Presidencia del Gobierno autonómico, en Valladolid y con esta firma se pone fin a la negociación iniciada entre la Junta y los grupos políticos de las Cortes durante la pandemia del coronavirus.
Este acuerdo llega después de que se aprobara por unanimidad una proposición no de ley del Grupo Socialista, enmendada por Ciudadanos, para instar a la Junta a recuperar la atención presencial, con todas las garantías de seguridad, en los centros sanitarios, incluidos los consultorios locales.
No habrá comisión de investigación sobre residencias
Se ha pactado que no haya una comisión de investigación sobre lo ocurrido en las residencias de mayores y acuerda que la Junta elabore un informe de las incidencias, actuaciones y resultados llevados a cabo durante la pandemia del coronavirus en los centros de mayores de la Comunidad. Este informe, que elaborará el gobierno autonómico de PP-Cs, será llevado luego a la comisión parlamentaria ordinaria de asuntos sociales.
Sobre las plazas en residencias, los firmantes han acordado incrementarlas un 25 por ciento a lo largo de la presente legislatura, con una ampliación de las prestaciones de teleasistencia o la demanda al Gobierno de la Nación del "desbloqueo" del 50 por ciento de los gastos derivados de la Ley de Dependencia.
Finalmente, los firmantes han acordado también la elaboración de una Ley de Atención Residencial, que implicará la suspensión de la tramitación de cualquier norma de rango inferior que pueda interferir en esta futura ley.
Una inversión de 1.100 millones
Castilla y León invertirá más de 1.100 millones de euros en los próximos años para afrontar la reconstrucción y recuperación de la Comunidad como consecuencia de la pandemia del coronavirus, de los cuales 250 se destinarán al sistema sanitario y 728 a inversiones sociales, en un pacto de Comunidad alcanzado entre la Junta y la oposición.
El documento recoge un fondo de 250 millones de euros para paliar el impacto de la COVID-19, centrados en reforzar la Atención Primaria, potenciar la salud pública y la estructura de las unidades de cuidados intensivos con la contratación de profesionales, epidemiólogos y contar con material de protección.
Los centros médicos locales se abrirán con triaje telefónico previo y se acuerda establecer un plan de refuerzo de la atención primaria para hacer frente a la fase de desescalada, que incluya contratación de profesionales y suministros sanitarios.
También, se reforzará la asistencia a las emergencias con una dotación suficiente de Unidades Medicalizadas de Emergencias y de Soporte Vital Básico y se establecerá un sistema de compra y aprovisionamiento de equipos de protección.
Además se trata de potenciar la actividad ordinaria y la reducción de las demoras en intervenciones quirúrgicas, consultas externas o pruebas diagnósticas motivadas por la pandemia.
Otra de las medidas adoptadas es gratificar y reconocer el esfuerzo de los empleados de Sacyl y de los servicios territoriales implicados en la lucha contra la pandemia de coronavirus.
Ayuda a las familias
En ayudas directas a familias en situación vulnerable, con hijos e hijas en edad escolar, para el acceso a ordenadores y conexión a internet se destinarán 3 millones de euros y para una convocatoria extraordinaria de becas para estudiantes de Bachillerato, Formación Profesional y Universidad durante el curso 2020-2021 irán destinados 8 millones.
Se aplazan impuestos
En el apartado referido a la economía y al empleo, aunque el pacto no explicita cantidades presupuestarias, sí que incluye acuerdos como el de aplazar los pagos de los tributos autonómicos para los ciudadanos, autónomos y pymes o el diseño de un nuevo Plan de Promoción Industrial en el marco del Diálogo Social "adaptado a la era poscovid".
En referencia a estos impuestos autonómicos, los firmantes del pacto han acordado suspender el trámite parlamentario por el que se debate el Proyecto de Ley para la práctica eliminación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones entre familiares directos, que ya había sido llevado al Parlamento autonómico.
Asimismo, este apartado incluye algunos puntos programáticos de las formaciones firmantes, como la extensión de la banda ancha en el medio rural; la simplificación administrativa; o ir de la mano de la Administración del Estado para lograr una transición ecológica justa con medidas específicas para las comarcas mineras.
