Justicia
Así es el "plan de choque" del Tribunal Constitucional para desatascar los asuntos sin resolver
Tras la renovación de cuatro de sus miembros y el vuelco de mayorías -ahora, progresista- el recién estrenado presidente, Cándido Conde-Pumpido, ha priorizado en agenda las leyes de mayor relevancia social.
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El nuevo presidente del Tribunal Constitucional, el progresista Cándido Conde-Pumpido, ha encargado ya a su equipo la confección de un "plan de choque" para poner al día algunos de los recursos aún sin resolver. Es un plan que llega con ambición, porque Conde-Pumpido quiere que estos asuntos pendientes se lleven a Pleno en apenas seis meses.
¿Quién elabora el plan de choque?
Ese "plan de choque" lo está elaborando un equipo de trabajo específico, integrado por el secretario general del Tribunal, Andrés Gutiérrez, así como el secretario adjunto y el letrado adscrito a Conde-Pumpido. A la primera reunión además han acudido todos los letrados que coordinan las distintas áreas: civil, penal, social, contencioso-administrativo y parlamentario. No solo eso: también se ha acordado la contratación de 8 nuevos letrados.
Los recursos de las leyes del aborto y la eutanasia se llevarán a Pleno en febrero
Además, algunos de los asuntos que llevan más tiempo en el cajón del Constitucional están ya puestos en agenda. El primero, la ley del aborto de 2010. Será a comienzos de febrero (los días 7, 8 y 9) cuando se eleve a Pleno la Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, aprobada en la etapa de Zapatero. El recurso, que interpuso el PP, considera inconstitucional "la ley de plazos" incluida en la norma.
Ese mismo mes, a finales (los días 21, 22 y 23), sería el turno de la ley de eutanasia, que lleva 2 años en el Tribunal Constitucional tras su aprobación por parte del gobierno de Pedro Sánchez. El recurso, también del Partido Popular, considera que el texto vulnera el derecho a la vida, además de generar una indefensión jurídica. Vox también interpuso su respectivo recurso. Ambos pidieron, sin éxito, la suspensión cautelar de la ley.
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Ya en marzo (los días 7, 8 y 9) el Pleno debatirá la ley de eduación, conocida como "ley Celáa". En este caso, también, tanto PP como Vox la han recurrido. Cree que vulnera el derecho de elección de enseñanza de los padres y «no garantiza» que el castellano sea lengua vehicular.
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