Así queda la ley de amnistía: claves del acuerdo de PSOE, Junts y ERC

"Estamos aprobando una ley que va a ser un referente mundial", exclamaba esta mañana el ministro de la Presidencia Félix Bolaños. El nuevo texto de la amnistía pactado por el PSOE, ERC y Junts ha conseguido luz verde en la Comisión de Justicia. Es un documento formado por 16 artículos que plantea un amplio perdón para el terrorismo y la malversación. Estas son las novedades con las que cuenta.

Se rebaja el terrorismo

La principal novedad es que el terrorismo se considerará según la legislación europea. Así, quedarán fuera los actos que por su finalidad puedan ser calificados como terrorismo según la directiva europea de 2017 y que hayan causado "de forma intencionada graves violaciones de derechos humanos", en particular las reguladas en los artículos 2 y 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y en el derecho internacional humanitario.

Al tener en cuenta la normativa europea, ha quedado fuera toda referencia al Código Penal español.

Delitos desde 2011

Se ha ampliado dos meses el ámbito temporal de la amnistía con respecto a la anterior propuesta. Ahora, se aplicará desde el 1 de noviembre de 2011 al 13 de noviembre de 2023.

La ley anulará la "responsabilidad penal, administrativa y contable" de todas las personas vinculadas a la preparación y la ejecución del procés, y también a las protestas que lo rodearon.

El delito de malversación estará cubierto "siempre que no haya existido propósito de enriquecimiento" y de obtener "un beneficio personal de carácter patrimonial".

Y recoge otra rebaja en lo que se refiere al delito de alta traición: solo quedan excluidos los actos en los que se haya usado la fuerza.

Amnistía integral y de aplicación inmediata

Esta será una ley de aplicación "preferente y urgente". Esto significa que, tras entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Antes tendrá que pasar por el Senado. Se prevé que podría concluir su tramitación a finales de mayo. Entonces, los tribunales y los órganos administrativos deberán aplicar la ley en un plazo máximo de dos meses.

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