La asociación de jueces Francisco de Vitoria, la segunda mayor de la carrera judicial, considera "lógico" que la infanta Cristina tenga el 8 de febrero "un trato diferente" en su llegada al juzgado de Palma para declarar en el caso Nóos tanto por razones de seguridad como por ser miembro de la Familia Real.
"El famoso paseíllo de la infanta en los juzgados es un tema accesorio porque la igualdad de trato de los ciudadanos ante la justicia es de puertas hacia dentro de un tribunal, nunca de puertas hacia fuera", ha dicho el juez Marcelino Sexmero, portavoz de Francisco de Vitoria.
Para Sexmero, "de puertas hacia fuera" del tribunal es la propia sociedad y la opinión pública "la que trata de forma diferente a los ciudadanos, no el juez o el tribunal, que trata siempre por igual a todo el mundo". "Lo que debe interesar -ha opinado- es si la infanta o cualquier político que entra por la puerta de un juzgado es tratado dentro con la misma igualdad que cualquier ciudadano, no por cómo entra o accede desde la calle, que en virtud de sus circunstancias políticas o personales es diferente a cualquier ciudadano".
En todo caso, según Sexmero, no hay que olvidar que la infanta como miembro de la Casa Real no pierde esta condición "por el hecho de que sea llamada como imputada", y por lo tanto, está sometida, como siempre, a una seguridad especial. "Esa cualidad de miembro protegido no la pierde por ser llamada como imputada. Es lógico que por razones de seguridad se le pueda dar un trato diferente al de cualquier ciudadano.Lógicamente ese trato es antes de entrar en el juzgado, en la calle", ha afirmado.
Además, según Sexmero, cualquier ciudadano tiene derecho a que el juez le proteja en su imagen para evitar el escarnio público o el linchamiento, "y eso no solo porque sea la infanta o un político, sino a cualquier ciudadano". En opinión del portavoz de Francisco de Vitoria, ese trato diferente en virtud de los hechos o la persona implicada en una investigación judicial "ya existe", pues de hecho en algunos casos el juez tiene que proteger a algunos imputados "por razones de seguridad y para evitar el escarnio y el linchamiento".
Francisco de Vitoria, la primera asociación que salió recientemente en defensa del juez Castro ante los ataques que recibió por imputar de nuevo a la Infanta, ha denunciado que las presiones vengan desde la Fiscalía, cuando su misión es la defensa de la legalidad. "Da la sensación -ha sostenido Sexmero- de que en algunos casos mediáticos como este, el ministerio fiscal está actuando con criterios políticos. Lo rechazable es el tono del fiscal, que use expresiones en los escritos que sean desconsideradas contra el juez, acusando poco menos de prevaricación, o incluso acusándole de estar medio loco, con teorías conspiratorias".
