La Asociación de Juristas Europeos Pro Lege ejercerá acusación popular por Pegasus bajo fianza de 10.000 euros

El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha admitido la personación, previo pago de 10.000 euros, de la Asociación de Juristas Europeos Pro Lege como acusación popular en la causa del caso Pegasus que investiga el espionaje de los teléfonos móviles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los ministros de Defensa, Margarita Robles, Interior, Fernando Grande-Marlaska y Agricultura, Luis Planas, durante mayo y junio de 2021.

El magistrado ha aceptado la solicitud, siempre y cuando se cumplan los requisitos de fianza por parte de dicha asociación por valor de 10.000 euros, cantidad que considera "asequible, moderada, y ajustada" para evitar el abuso o el uso fraudulento de esta figura procesal.

"Se ha de prevenir que esta acción, tendente a la imposición de una pena, se utilice para la consecución de intereses ajenos a los fines del proceso, garantizándose, mediante la prestación fianza, las responsabilidades en las que se pudieran incurrir como consecuencia de un irresponsable o torticero ejercicio de la acción penal", advierte el escrito.

Pro Lege también está presente como acusación popular en otras causas como el caso Neurona, sobre la presunta financiación ilegal del partido de Unidas Podemos, o el caso Dina, pieza que se desprende del caso Villarejo y que gira en torno a Dina Bousselham, exasesora de Pablo Iglesias.

Rechaza la acusación de la Generalitat

A principios de mes el juez del caso Pegasus volvió a ratificar el rechazo a la personación como acusación popular del Govern catalán. El magistrado, que desestimó todas las alegaciones de la Generalitat, recordó que la legislación catalana solo prevé la personación del Ejecutivo en "los procedimientos penales por hechos delictivos motivados por odio o discriminación, que no son el caso de autos".

Por su parte, la Administración catalana criticó la "doble vara de medir" de la justicia en el ciberespionaje político con Pegasus y lamentó que fuera "más grave que te espíen si eres miembro del Gobierno que si lo eres de la Generalitat".

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