El Tribunal Supremo ha ordenado al juez Fernando Andreu que asuma todas las denuncias por estafa que presenten contra Bankia los preferentistas de las cajas que la integraron al entender que no puede restringir su investigación al diseño de estos productos, sino también a su venta.
Así lo ha establecido la Sala de lo Penal del Alto Tribunal en un auto en el que determina que no son los juzgados territoriales los que deben hacerse cargo de estas denuncias, como venía ocurriendo hasta ahora después de que la Audiencia Nacional excluyera de su investigación el proceso de comercialización de las preferentes.
Para el Supremo, la intervención de los empleados de cada sucursal "tiene un carácter fraccionario enmarcado en un comportamiento más amplio de la entidad, que debe valorarse desde antes de la relación directa con el cliente, a partir del diseño mismo del producto, cuya venta se pretende calificar de estafa". Es decir, no se puede someter a procedimientos separados la venta de estos productos de su diseño, por el que está imputada la cúpula de las cajas que formaron Bankia, entre ellos el expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa.
Todo ello sin entrar a valorar la calificación de las eventuales responsabilidades penales derivadas para los administradores últimos del banco ni tampoco para los empleados de cada sucursal. Fuentes jurídicas han explicado que, con esta decisión, el Supremo trata de evitar una hipotética disparidad de criterios en el asunto de las preferentes, que pueda conllevar, por ejemplo, que los máximos responsables que las idearon sean absueltos y los directores y trabajadores de las oficinas que las recomendaron o colocaron al cliente sean condenados.
El Supremo ha llegado a esta conclusión tras analizar una cuestión de competencia negativa entre un Juzgado de Majadahonda (Madrid) y Andreu en relación a una denuncia contra Bankia de dos particulares que invirtieron 48.000 euros en preferentes de Caja Madrid.
Andreu, avalado por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, había acotado la investigación de las preferentes que abrió en 2013 a la cúpula de las cajas de ahorros que conformaron el grupo BFA-Bankia que idearon estos productos, dejando fuera tanto a las personas jurídicas como a los empleados que las vendieron. No obstante, emplazaba a los preferentistas que considerasen que que algún empleado de esas entidades se había extralimitado, acudieran a los juzgados territoriales.
La investigación abierta por Andreu se dirige, además de contra Blesa, contra el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán; los exconsejeros Gonzalo Martín Pascual, Jesús Pedroche, Rodolfo Benito, José Manuel Fernández-Norniella y José María Arteta -todos ellos imputados también por las "black"-, entre otros.
El juez de Majadahonda pensó que no era competente porque la denuncia de estos dos afectados se dirigía contra los administradores de Caja Madrid, a los que investiga Andreu en una pieza separada del 'caso Bankia' en la que hay 4.000 preferentistas personados. Pero el Supremo responde que la denuncia no se circunscribe a los consejos que recibieron los denunciantes de los empleados de la oficina, "sino a la naturaleza misma del producto bancario", de cuya existencia supieron por una carta que les remitió Bankia que está unida a la denuncia y que no tiene firma.
