La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma ha decidido, a petición de la Fiscalía, el ingreso en prisión provisional sin fianza para la expresidenta del Parlamento balear y del Consell de Mallorca, Maria Antònia Munar, al considerar que hay riesgo de fuga y la posibilidad que eluda hacer frente a las reponsabilidades civiles que pesan sobre ella en el marco del caso Can Domenge, por el que este martes fue condenada a seis años de prisión.
Además, esta condena se suma a los cinco y medio que le fueron impuestos en el conocido caso Maquillaje, mientras que también está imputada en otras tantas causas de supuesta corrupción.
Precisamente, en una vistilla celebrada esta mañana, los fiscales Anticorrupción Juan Carrau y Pedro Horrach habían solicitado el ingreso en la cárcel para Munar, de forma que la Sección Segunda de la Audiencia estuvo analizando esta petición, hasta que la ha comunicado a las 15.00 horas tanto a la expresidenta del Parlamento, como al resto de partes.
Prisión provisional sin fianza
También se la investiga por presuntos delitos de malversación, uso de información privilegiada, tráfico de influencias, prevaricación y falsedad en una de las piezas separadas del caso Maquillaje.
En concreto, este martes Munar conoció la sentencia por la que la Sección Segunda le ha condenado a tres años de cárcel por un delito de fraude a la Administración y a otros tres por revelación de secretos a raíz de la venta presuntamente irregular de los solares de Can Domenge a Sacresa, por treinta millones de euros, cantidad inferior a su precio real.
La pena se suma a la de cinco años y medio que le fue impuesta por el desvío de 240.000 euros a la productora que controlaba mediante testaferros, junto al exvicepresidente insular Miquel Nadal, mientras ambos ostentaban cargos en la Institución supramunicipal.
La condena es la misma que solicitaba la Fiscalía Anticorrupción, al igual que ha sucedido con el Nadal, quien también ha sido condenado en esta causa, si bien en su caso a cuatro años de prisión (dos por fraude a la administración y otros dos por revelación de secretos).
Junto a ellos, el exconseller de Territorio Bartomeu Vicens ha sido condenado, tal como solicitaba la Fiscalía, a ocho meses de prisión; el máximo accionista de la empresa adjudicataria de los terrenos, Román Sanahúja, a un año de cárcel; el exconseller de Hacienda Miquel Angel Flaquer a un año y al letrado externo de Sacresa, Santiago Fiol, a un año y medio de privación de libertad.
