La Audiencia Provincial de Madrid ha reabierto el 'caso del espionaje' al apreciar indicios de un delito de malversación de caudales en los supuestos seguimientos realizados por funcionarios de la Comunidad de Madrid al vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, y al ex consejero de Justicia Alfredo Prada en 2008.
Según el auto, "en el estado actual de las diligencias no existen motivos para proceder al sobreseimiento provisional y archivo de las mismas". "De lo actuado aparecen indicios suficientes de la comisión de delito de malversación de caudales públicos por el que se sigue la causa", añade la resolución.
En un auto fechado mismo, al que tuvo acceso Europa Press, la Sección Decimosexta estima el recurso de apelación interpuesto por el PSOE contra el auto de la juez Carmen Valcarce que ordenó el archivo de la causa el pasado 15 de julio al no acreditarse que ninguno de los imputados destinaron los bienes de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior "de forma principal a actividades ajenas a la función pública".
En el recurso del PSOE, que entró en la Sala el pasado 1 de marzo, los socialistas fundamentaron su queja en que presentaron hasta diez pruebas, entre ellas una relación de vehículos oficiales y móviles, o la declaración de diferentes testigos, y no se llegaron a realizar.
"Ni siquiera ha habido resoluciones de inadmisión de las mismas sino más bien las solicitudes de práctica han resultado 'aparcadas' esperando, creíamos, el mejor momento en el devenir del procedimiento para acordarlas sin que ni siquiera se diera traslado a las partes y al Ministerio Fiscal para que se pronunciara sobre la validez de las mismas", señalaban en el texto.
En la causa instruida por la juez Carmen Valcarce estaban imputados tres ex guardias civiles asesores de la Consejería de Justicia, José Oreja Sánchez, José Luis Caro y Antonio Coronado; el ex director de Seguridad de la Comunidad de Madrid Sergio Gamón; y el empleado público Manuel Pinto.
