La ausencia de presupuestos para 2024 descuadra las cuentas públicas

Prorrogar las cuentas públicas de un año para otro significa que no se puede modificar el gasto total establecido; tan solo se puede mover dinero de una partida a otra para ajustarse a las necesidades del nuevo ejercicio.

Pero, aplicado a la realidad de España en 2024, esa ausencia de unos Presupuestos Generales del Estado específicos supone un problema considerable para que cuadren los números. En primer lugar porque las cuentas de 2023 se diseñaron para un momento muy distinto al actual, con una inflación muy superior a la que hoy tenemos. Y segundo porque el año pasado Bruselas mantenía suspendidas las reglas fiscales mientras que ahora tenemos el compromiso con la Comisión Europea de terminar el año con un déficit que no supere el 3%.

Déficit y deuda

No parece nada fácil cumplir con esa promesa sin contar con unos nuevos presupuestos. El Banco de España estima que, si no hay cambios en las cuentas públicas, el déficit cerraría en el 3,5% en 2024, y eso supondría que las instituciones europeas volvieran a incluir a España en un procedimiento de déficit excesivo, como ya lo estuvimos antes de la pandemia.

También salen perjudicadas las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos. Las primeras tenían el compromiso de que los Presupuestos incluirían la condonación de una parte de su elevada deuda, algo que no podrá hacerse este año. Además, todas la entidades territoriales iban a ver reducidos sus objetivos de déficit con el nuevo techo de gasto. Ahora tendrán que ajustarse más el cinturón.

Sueldos y pensiones

En lo que no afectará la ausencia de Presupuestos Generales es a la prometida subida de las pensiones. Por decreto, en diciembre del pasado año, el Gobierno ya estableció que en 2024 subirían de forma general un 3,8%, incremento que ya han empezado a cobrar los pensionistas desde el 1 de enero.

Tampoco corre peligro la subida salarial de los empleados públicos un 2%. En los últimos días el Gobierno, tal vez previendo que podrían no aprobarse las cuentas para este año, incluyó una enmienda en el decreto de medidas anticrisis para desvincular ese compromiso de los Presupuestos Generales.

Lo que sí puede paralizarse es la oferta de empleo en la Administración Pública. Desde el sindicato CSIF su presidente, Miguel Borra, recuerda que los PGE son una herramienta fundamental para mantener el empleo y reducir la temporalidad en los organismos públicos. Europa nos obliga a bajar este año esa temporalidad hasta el 8%, y sin convocatoria de nuevas plazas parece muy difícil conseguirlo.

Rebajas fiscales e impuestos

Por otro lado, queda en el aire qué pasará con el IRPF de los que cobren el Salario Mínimo. En los presupuestos que preparaba el Gobierno se iba a elevar el mínimo exento hasta los 15.876 euros para ajustarlo a la subida del SMI, algo que de hecho suponía eximir del pago de este impuesto a más de 5 millones de contribuyentes. Ahora hay muchas dudas sobre si podrá aplicarse.

Y respecto a los impuestos a la banca y las empresas energéticas, que hasta ahora son temporales y que se pretendía convertir en permanentes, sin unos Presupuestos que dejen constancia de esa modificación están abocados a desaparecer a finales de este año. Y eso significará que el Estado ingrese menos dinero del previsto.

En general son muchos los compromisos y promesas del Gobierno que se verán afectados por la renuncia a elaborar unos presupuestos específicos para 2024, desde las dudas sobre cómo se asignarán los 9.900 millones de euros en fondos europeos para este año, hasta el previsto aumento del gasto en Defensa o la inversión en vivienda pública.

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