El Ayuntamiento de Barcelona paga, desde el pasado mes de enero, a un privado el alquiler de una antigua oficina bancaria ocupada, conocida como el 'banco expropiado', un contrato que acaba a finales de año, según ha confirmado el consistorio.
Fuentes de CiU han explicado que el gobierno de Xavier Trias decidió arrendar el local por un año, con un coste de 66.500 euros al año, para evitar el desalojo del colectivo que lo okupa antes de que se encontrara una solución para que este grupo okupa pudiera seguir con sus actividades y que el propietario no saliera perjudicado.
Según CiU, se evitó dar a conocer la decisión a los okupas para favorecer la negociación de una solución y para no interferir en la campaña electoral. Las mismas fuentes han argumentado que las actividades que se realizan en este local "no causan molestias ni generan rechazo" y que el colectivo colabora con muchas entidades de Gràcia, que lo apoyan.
La propia concejala del distrito de Gràcia, Maite Fandos, decidió informar al colectivo okupa de que el consistorio les pagaba el alquiler antes de dejar el cargo, tras perder CiU las elecciones municipales.
También han asegurado que el nuevo gobierno municipal de Barcelona en Comú ha sido informado de la situación en el marco del traspaso de poderes.
Los ocupantes del local, que son los que han dado a conocer la situación, sostienen que la verdadera intención del anterior gobierno municipal fue "comprar la paz social en un año delicado de elecciones".
Por su parte, el presidente del grupo Popular, Alberto Fernández, ha dicho que es "vergonzoso que el ayuntamiento pague el alquiler a los okupas" y ha exigido que se rescinda el contrato de arrendamiento.
Alberto Fernández argumenta que con los 65.000 euros anuales que se pagan para sufragar el alquiler se podrían pagar "300 alquileres sociales para ayudar a personas en situación de pobreza que no pueden pagar el alquiler de una vivienda".
El PP ha presentado en el Ayuntamiento de Barcelona una serie de preguntas por escrito para conocer la cobertura legal que ampara el contrato de alquiler de este local y los detalles del importe que se ha hecho efectivo desde el distrito de Gràcia (desde el 1 de enero de 2015) como alquiler del local.
Asimismo, el dirigente Popular ha pedido explicaciones al gobierno municipal de Ada Colau para conocer el posicionamiento del consistorio respecto a este tema y si tiene previsto la rescisión inmediata del contrato de alquiler.
