Ayuso llevará al Constitucional el impuesto a las grandes fortunas propuesto por el Gobierno

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha mostrado desde el primer momento frontalmente contraria al impuesto de solidaridad a las grandes fortunas propuesto por el Gobierno. Ahora, Ayuso recurrirá la aplicación de esta medida ante el Tribunal Constitucional al entender que vulnera las competencias fiscales de su autonomía.

Se trata de un impuesto propuesto por el PSOE y Unidas Podemos, socios de coalición, pero que todavía no ha sido aprobado. En una entrevista, la presidenta madrileña ha explicado que "arremete contra la autonomía fiscal de la Comunidad de Madrid" y considera que, de aplicarse, será "muy negativo" porque vendrá asociado a una reducción de la recaudación por el IRPF.

Desde que se anunció la propuesta a finales del mes de septiembre, el Ejecutivo madrileño ha sido uno de los más críticos con su futura implantación. El vicepresidente y portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, considera que "choca con el principio de jerarquía normativa que es de las comunidades autónomas" y ha insistido en que se dejaría de recaudar 5.000 millones en la comunidad, así como asegura que unas 13.000 personas "podrían irse a otros países".

El impuesto de solidaridad de las grandes fortunas

El Gobierno central propuso esta medida coincidiendo con los anuncios de algunas comunidades autónomas como Andalucía, que también rechaza esta tasa, de bajar sus impuestos. En su momento, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, explicó que era necesario que las rentas altas contribuyan en mayor medida a sufragar las medidas para paliar los efectos de la inflación.

Se considera una persona rica es aquella cuyo patrimonio supera los 900.000 euros y se calcula que en España habría más de un millón. Esta medida temporal que podría aplicarse en 2023 y 2024 establece tres tramos: entre 1 y 3 millones el impuesto será del 1,7%; entre 5 y 10 millones el gravamen será del 2,1% y por encima de los 10 millones se tributará al 3,5%.

Partidos como PP, Vox y Ciudadanos se han opuesto siempre a este impuesto que afectaría principalmente a contribuyentes beneficiados por la supresión del impuesto de patrimonio en algunas comunidades.

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