Además, el caso ya se ha cobrado la dimisión de al menos siete personas implicadas, según los datos recogidos por Europa Press. Entre las personas para las que el juez ha decretado prisión incondicional se encuentran algunos de los nombres más relevantes del caso como el principal detenido Francisco Granados, los empresarios "conseguidores" David Marjaliza y Alejandro de Pedro o el presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez.
Entre este grupo se encuentra también el director comercial de la empresa Cofely, Pedro García; la empleada de Marjaliza, Ana María Ramírez, y el alcalde de Valdemoro, José Carlos Boza, el único de los seis regidores municipales arrestados para los que el magistrado ha decretado esta situación.
Por su parte, entre los ocho que han quedado en libertad sin pasar por prisión ni tener que abonar ninguna cantidad económica como fianza se encuentran el alcalde de Casarrubuelos, David Rodríguez; el jefe de Informática de la Comunidad de Madrid, José Martínez Nicolás; el concejal adjunto de Medio Ambiente de Móstoles, Alejandro Utrilla y el técnico municipal de esa localidad, Marco Durán. En la misma situación ha quedado el empresario Francisco Ruiz Valenzuela y el ex alcalde de Cartagena, José Antonio Alonso y el secretario técnico del Instituto de Turismo de Murcia, Jesús Galindo Sánchez.
El último en quedar en libertad ha sido el guardia civil de la UCO José Manuel Rodríguez Talamino, detenido por avisar a Granados de que estaba siendo investigado. Por su parte, el alcalde de Serranillos de Valle, Antonio Sánchez, detenido el lunes, aún no ha declarado ante el juez Velasco por motivos de salud. En situación de libertad con fianza han quedado el alcalde de Collado Villalba, Agustín Juárez, quien tendrá que depositar 40.000 euros para no entrar en prisión y el responsable de obras públicas de Parla, Avelino Pérez, que tendrá que pagar 20.000 euros.
También los dos últimos detenidos ayer, los empresarios Víctor Manuel Ortega Martínez y José Manuel Casado del Castillo, quienes tendrán que abonar 6.000 euros. Por otra parte, son 13 los detenidos para los que el juez Velasco dictaminó la situación de prisión eludible bajo fianza. Las cantidades oscilan entre los 25.000 euros la más baja y 300.000 euros la más alta.
El juez impuso 300.000 euros, a José Luis Huertas, empresario cercano a Marjaliza. Por debajo están los 100.000 euros impuestos a otro empresario vinculado a Marjaliza, Antonio Serrano, y a varios altos directivos de Cofely: su director general, Didier Maurice; su jefe Comercial, Constantino Alvarez, y el jefe de operaciones, José Antonio Hernández. Velasco también impuso 100.000 euros de fianza al arquitecto municipal de Valdemoro, José Luis Navarro. A los alcaldes de Parla y Torrejón de Velasco, José María Fraile y Gonzalo Cubas, respectivamente les envió a prisión eludible con 60.000 euros de fianza.
La misma cantidad impuso al jefe de gabinete del alcalde de Parla, Antonio Borrego, y el concejal de Hacienda de Valdemoro, Javier Hernández. Al empresario Eduardo de la Peña le impuso 50.000 euros y al también empresario Antonio Ruiz y al jefe de gabinete del alcalde de Valdemoro, Alfredo Ovejero, les impuso 25.000 euros. De todos ellos, sólo no han pagado sus fianzas para salir de prisión José Luis Huertas y Antonio Borrego.
Independientemente de la situación de cada uno, la 'operación Púnica' ya se ha cobrado las primeras consecuencias en forma de dimisiones. Al menos siete de los detenidos ya han anunciado que abandonan su cargo. Es el caso del Jefe de Informática de la Comunidad de Madrid y los alcaldes de Torrejón de Velasco y de Parla. También han presentado su dimisión la directora del Instituto de Turismo de Murcia, Mariola Martínez, el jefe de gabinete del consejero de Industria y Turismo, José Fidel Saura y la directora del INFO, Reyes Samper, imputados los tres. Además ha dimitido el concejal adjunto de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Móstoles, Alejandro Utrilla.
