Laura Borràs

Borràs acudirá a juicio por prevaricación y falsedad documental y se activa su suspensión del Parlament

El juez del TSJC dicta el auto de apertura para el juicio oral a Laura Borràs por prevaricación y falsedad documental. El caso se traslada al Parlament, que debería suspender a Borràs tal y como dicta el reglamento en los diputados juzgados por corrupción.

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La presidenta del Parlament Laura Borràs acudirá a juicio por delitos de prevaricación y falsedad documental. El juez del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña Carlos Ramos ha dictado el auto de apertura del juicio oral por fraccionar contratos de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) que dirigió hasta 2018 para adjudicárselos a un amigo.

Esto provoca el traslado al Parlament de su suspensión, puesto que el reglamento obliga a apartar a todos los diputados que estén a la espera de ser juzgados por corrupción. A pesar de ello, como el reglamento no es del todo claro, Borràs ha insinuado que no se le debe aplicar este precepto ya que está acusada de malversación, y no de corrupción.

La Fiscalía pide seis años de cárcel y 21 de inhabilitación por los contratos beneficiados a un amigo en 2018. En el auto el juez constata que existe “una base indiciaria seria y consistente” que certifica que Borràs cometió el delito y da diez días para que pueda presentar por escrito su defensa. La resolución ya es firme y no se puede recurrir.

Hasta ahora no se le ha tenido que aplicar a ningún diputado la suspensión por corrupción, y las vías para ello son inciertas, aunque Borràs podría ser la primera.

Una suspensión inmediata

Algún grupo de la oposición podría pedir su suspensión inmediata aunque Borràs intente retrasarla lo máximo posible mientras se inician los procesos judiciales. Puesto que Borràs preside la mesa, el órgano rector de la Cámara podría convocar una sesión extraordinaria para tratar el tema o esperar a las sesiones ordinarias que tendrán lugar a la vuelta de las vacaciones.

La Fiscalía también pide los mismos años de cárcel e inhabilitación para el beneficiario y colaborador suyo, Isaías Herrero, así como una multa de 72.000 euros, y tres años de prisión, inhabilitación 10 años y 30.000 euros para Andreu Pujol Martín, otro de los implicados.

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