El juez que indaga los preparativos del referéndum investiga el concurso de acreedores voluntario de Unipost, empresa encargada de distribuir las tarjetas censales del 1-O, y el coste de una aplicación que el Govern encargó a T-Systems, en busca de pruebas de malversación de fondos públicos.
En sendos autos, el titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona ha encargado nuevas diligencias sobre la financiación del referéndum independentista, para lo que ha pedido información sobre el concurso voluntario de Unipost, empresa que según la Guardia Civil facturó casi un millón de euros por repartir cartas certificadas del 1-O.
El instructor ha remitido un oficio al juzgado de lo mercantil número 7 de Barcelona para que, "a la mayor brevedad" posible, le facilite información sobre el concurso voluntario que Unipost presentó el pasado mes de julio, con una deuda cercana a los 50 millones. Entre otros documentos, el juez solicita la identidad y domicilio del interventor judicial de Unipost, así como la lista de acreedores de la compañía y las fechas de los créditos presentada por la empresa, así como la finalmente reconocida.
Un informe de la Guardia Civil sostiene que Unipost facturó 979.661 euros a la Generalitat por repartir cartas certificadas a los componentes de las mesas electorales del 1-O, así como 5,3 millones de tarjetas censales, cuya distribución fue impedida por orden judicial.
Según sostiene el instituto armado, la Generalitat fraccionó los pagos a Unipost para "simular" la operación a través de cinco facturas giradas a otras tantas consellerias con las que mantenía un contrato marco desde 2016 para facturar servicios de envíos: Presidencia, Vicepresidencia, Economía y Hacienda, Trabajo y Asuntos Sociales y Cultura.
Asimismo, el magistrado sospecha que la Generalitat, en colaboración con otros organismos, solicitó a T-Systems unas mejoras en la aplicación del Registro de Catalanes en el Exterior, censo para la inscripción de los catalanes residentes en el extranjero que los investigadores creen se iba a utilizar para el 1-O y que la empresa informática había desarrollado en 2014. Por ese motivo, en otro auto, el juez ha acordado remitir un oficio a la empresa T-Systems -que ya fue la encargada de desarrollar las aplicaciones informáticas del 9N- para que facilite "en presencia de la Guardia Civil" la documentación relacionada con la solicitud de mejora del Registro de Catalanes en el Exterior y el servicio de encuestas asociado al mismo.
Concretamente, el magistrado pide a la empresa de informática todas aquellas facturas o transferencias que acrediten el coste total del Registro, así como del servicio de encuestas asociado al mismo que desarrolló la sociedad ATICSER, subcontratada por T-Systems.
