Bustinduy insta a las empresas españolas en Israel "a evitar contribuir a las flagrantes vulneraciones de derechos humanos en Palestina"

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, se ha comunicado por carta con diversas empresas españolas que presentan actividad económica relevante en Israel con el fin de que adopten las medidas pertinentes de acuerdo al Derecho Internacional y la Agenda 2030. Lo hace con la intención de evitar que sus "actividades económicas" contribuyan "a las flagrantes vulneraciones de derechos humanos que el Estado de Israel está cometiendo en los Territorios Palestinos Ocupados, incluyendo la Franja de Gaza, contra la población palestina".

De esta manera, Bustinduy solicita a las empresas que trasmitan al Ministerio las diferentes evaluaciones y estudios que han llevado a cabo para evitar los principales riesgos de abusos que pudieran desatar sus actividades y relaciones empresariales para los derechos humanos en los Territorios Palestinos Ocupados, incluyendo la Franja de Gaza. Esto abarca las consultas a los expertos en derechos humanos o con grupos potencialmente afectados y otras partes interesadas.

Bustinduy también considera que la empresas deben mencionarse acerca de las medidas que adoptan para la prevención de cualquier tipo de "consecuencia negativa" que pueda acarrear su actividad económica "en la situación que se vive en la Franja de Gaza y en los Territorios Palestinos Ocupados".

Que los consumidores tengan conocimiento de las actuaciones que llevan a cabo

De la misma manera, estas empresas deben informar al Ministerio acerca de los mecanismos que han adoptado para que los consumidores tengan pleno conocimiento de las actuaciones que llevan a cabo, y de esta manera "se abstengan de cometer violaciones graves de los derechos humanos de los palestinos o contribuyan a las mismas".

La Corte Internacional de Justicia ordenó a Israel adoptar medidas para impedir el genocidio en la Franja de Gaza

En la mencionada carta, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 también recuerda a las empresas que ya el pasado 26 de enero, la Corte Internacional de Justicia ordenó a Israel que adoptara medidas inmediatas y efectivas para impedir el genocidio en la Franja de Gaza.

Dicha orden de la Corte se sumaba a las diferentes resoluciones del Consejo de Seguridad y del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que ponen sobre la mesa que los asentamientos israelíes en los territorios palestinos conllevan una grave vulneración del Derecho Internacional.

Resolución A/HRC/RES/31/36

La Resolución A/HRC/RES/31/36 insta a los Estados a tomar medidas con el fin de impedir que las empresas domiciliadas en territorio israelí y/o bajo su jurisdicción se abstengan de cometer violaciones graves de los derechos humanos de los palestinos o contribuyan a ellas, "conforme a las normas previstas en los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos".

Estos principios son los que determinan la responsabilidad de las empresas de ejercer la diligencia debida en cuanto a derechos humanos. Lo llevan a cabo identificando, previniendo y mitigando los efectos adversos de sus operaciones, entre las que se incluyen en sus relaciones comerciales y cadenas de valor.

En cuanto a aquellas empresas cuya operación se basa en territorio israelí, dichas obligaciones se extienden a las operaciones que pudieran tener efectos sobre la población de los territorios palestinos ocupados.

Esta doctrina internacional se recogió en el Plan de Acción Nacional de Empresas y Derechos Humanos, aprobado en 2017, y en las obligaciones vinculantes contempladas en la Directiva UE sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad, aprobada por el Parlamento Europeo.

Que las personas consumidoras cuenten con la información para el disfrute de bienes y servicios

Entre tanto, la mencionada Directiva resalta la necesidad de garantizar el derecho de las personas consumidoras a poseer toda la información que posibilite el disfrute de bienes y servicios plenamente respetuosos con los derechos humanos, en consonancia con la regulación europea en esta materia y el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 12.

El Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 insta a los Estados a promover el estado de derecho a nivel nacional e internacional en sus actuaciones, además de a impulsar el respeto de los derechos humanos como condición imprescindible para la construcción de paz y el desarrollo sostenible de las comunidades.

Esta petición de información del Ministerio a las empresas españolas que operan en Israel también responde a la preocupación que mostró el embajador de Palestina en España, Husni Abdel Wahed, durante su reunión con el ministro Pablo Bustinduy donde trataron la vinculación de empresas europeas a actividades que pueden tener un impacto directo o indirecto en los Territorios Palestinos Ocupados y en el genocidio en curso.

La carta de Bustinduy

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