El cambio de móvil del fiscal general complica la investigación, según los expertos

Este viernes se ha conocido que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, cambió de teléfono móvil el pasado 23 de octubre, una semana después de que el alto tribunal abriera una causa penal contra él. Ese cambio de terminal se produjo, además, una semana antes de que el juez Ángel Hurtado ordenara el registro del despacho del fiscal general para requisar sus teléfonos y correos electrónicos, una diligencia que tuvo lugar el 30 de octubre.

La investigación dio un giro el pasado 30 de noviembre, cuando la UCO registró la sede de la Fiscalía General y se incautó del móvil de García Ortiz. Sin embargo, los agentes no hallaron ningún mensaje correspondiente al período crítico entre el 8 y el 14 de marzo, fechas relacionadas con las presuntas filtraciones de datos personales de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Este vacío generó suspicacias, ya que en el dispositivo de otra persona investigada sí se encontraron mensajes relacionados con el caso.

En respuesta a estas sospechas, la fiscalía aseguró que el borrado de mensajes es una práctica común en ciertos entornos laborales, aunque esta declaración no convenció a todos. Ahora, la revelación de que el fiscal cambió su terminal poco después de ser imputado añade nuevas preguntas sobre el impacto de esta acción en la investigación.

¿Qué ocurre con los mensajes?

Los expertos en tecnología consultados explican que, en condiciones normales, las conversaciones de aplicaciones de mensajería como WhatsApp se almacenan automáticamente en bases de datos internas del dispositivo. Aunque no se realicen copias de seguridad en la nube, estas conversaciones deberían estar registradas en el terminal original. Sin embargo, si el móvil fue restaurado a su configuración de fábrica o destruido físicamente, recuperar esa información sería prácticamente imposible.

A pesar de ello, existen alternativas. Según los expertos, se podría intentar obtener los mensajes a través de los destinatarios o mediante los servidores de la aplicación, en este caso, WhatsApp, que pertenece a Meta. No obstante, este procedimiento requiere una orden judicial, lo que añade un nivel extra de complejidad y demora a la investigación.

El cambio de dispositivo también plantea interrogantes sobre si se transfirieron datos del móvil antiguo al nuevo. Cuando un usuario cambia de terminal, puede optar por restaurar toda la información desde una copia de seguridad en la nube. Si García Ortiz no realizó esta restauración, el nuevo dispositivo estaría vacío de cualquier registro previo, como parece ser el caso según la UCO.

La falta de mensajes en ambos dispositivos, sumada al momento en que se produjo el cambio de terminal, ha suscitado críticas y teorías sobre posibles intentos de obstrucción de la investigación. Mientras tanto, fuentes cercanas a la fiscalía han expresado su preocupación por la filtración de datos personales del teléfono del fiscal, argumentando que esta exposición podría comprometer su seguridad y privacidad.

Para los expertos, el cambio de terminal complica significativamente la tarea de reconstruir las comunicaciones del fiscal durante el período investigado. Sin acceso directo a los mensajes, la UCO tendrá que depender de pruebas indirectas, como el testimonio de los destinatarios o el análisis de los datos almacenados por Meta, lo que podría alargar el proceso y afectar la solidez del caso.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

El PP acusa al fiscal general de obstruir a la justicia, mientras que el Gobierno cree que actúo correctamente