Canarias celebra el acuerdo para el reparto de menores migrantes ante la dificultad de atender a los 5.740 que ahora tutela

El acuerdo de Canarias con el Gobierno para repartir con otras comunidades autónomas a los menores inmigrantes llegados en cayuco ha levantado polémica. Los criterios para decidir qué cantidad llegan a cada región se basarán en la renta per cápita de cada comunidad, el paro, la población... pero queda la duda de si se aplicará también en País Vasco y Cataluña.

La medida es recibida con alegría y alivio en Canarias, pero muchos aseguran que llega tarde. Es el sentir la población y de las entidades que atienden a estos menores que llegan en pateras y cayucos a las costas canarias y que llevan meses exprimiendo los recursos para poder llegar a atender a todos, muy por encima de su capacidad.

Desde la Consejería de Bienestar Social Juventud e Infancia aseguran que, desde que comenzó la legislatura, han puesto en marcha más de medio centenar de centros. Han pasado de los poco más de 30 existentes a principios de 2023 a los 86 que hay actualmente y que están repartidos por todas las islas. Y todos ellos, muy por encima de su capacidad desde hace meses.

La tutela a estos niños no solo contempla cubrir sus necesidades más básicas como la manutención y un techo. "Son niños que necesitan una atención y formación especial y eso supone también que les facilitemos su adaptación a la sociedad, la cultura y el idioma que muchos jamás han oído antes". Así nos lo cuenta Miguel Ángel Díaz, portavoz de la ONG Nuevo Futuro, una organización que se dedica a atender a familias migrantes de una manera integral.

Se trata de niños que proceden en muchos casos de zonas de conflicto con guerras, hambrunas o explotación sexual. Además, pasan por un trance muy complicado como es un viaje en cayuco, que, en ocasiones, hacen solos, sin sus padres: “Hemos tenido que atender a niños que han visto morir a sus padres a bordo de esas embarcaciones en travesías de muchos días”

Unas 15 organizaciones gestionan estos 86 centros en Canarias y a partir de la salida de estos 4.000 menores verán un cambio radical en su atención. En palabras del presidente canario, Fernando Clavijo, “con tanta saturación no podemos atenderles como debemos y en muchos casos corremos el riesgo de no cumplir con los derechos básicos”

Para la sociedad canaria no se trata de un problema de inseguridad pero reconocen que se pueden generar conflictos. El reparto de estos menores es un asunto de solidaridad y todas las comunidades deberían contribuir en este reparto.

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