Carlos García Juliá, uno de los asesinos de la matanza de los abogados de Atocha en 1977, ha llegado a Madrid después de que tres agentes de la Policía Nacional se trasladaran a Brasil para custodiar su extradición desde ese país. Fuentes penitenciarias han explicado que García Juliá ha ingresado en la cárcel de Soto del Real. Allí, permanece en el módulo de ingresos a la espera de la primera evaluación de los profesionales de la prisión, que son los que emiten el informe preceptivo para asignarle celda. Reclamado por la Audiencia Nacional, García Juliá (1955) fue condenado el día 29 de febrero de 1980 por la Sección Primera de la Sala de lo Penal a 193 años de prisión como autor material de cinco delitos de asesinatos consumados y cuatro frustrados en la noche del 24 de enero de 1977. Ese día, García Juliá y otras dos personas irrumpieron en un despacho de abogados laboralistas de Comisiones Obreras, situado en el número 55 de la calle Atocha de Madrid, abriendo fuego contra los presentes con pistolas de calibre 9 mm parabellum.
Veinte años desaparecido
A García Juliá se le concedió la libertad condicional el 23 de octubre de 1991. Después, el Tribunal accedió a otorgarle la autorización de salida de España para aceptar una oferta de trabajo en Paraguay, debiéndose presentar mensualmente en la Embajada española en aquel país. Una vez allí, rompió las obligaciones de su libertad condicional, por lo que se le declaró prófugo el día 14 de agosto de 1996. Posteriormente, fue detenido en Bolivia el día 17 de junio de 1996, donde se le condenó a una pena de prisión de seis años por un delito de tráfico de estupefacientes. Cuando el día 29 de noviembre de 2000 llegó la solicitud de extradición de la Audiencia Nacional a Bolivia, el preso ya se había fugado aprovechando un beneficio penitenciario un año antes para no presentarse ante un juzgado de vigilancia penitenciaria de La Paz. A partir de esa fecha, y durante los siguientes veinte años, se le perdió la pista. Fue en agosto de 2018 cuando las pesquisas llevaron a la Policía Federal Brasileña a localizar a García Juliá. Unos meses después, en diciembre, el asesino fue detenido en Sao Paulo, donde vivía trabajando como conductor en una empresa de VTC. Al oponerse a la extradición, el procedimiento se dilató trece meses por los sucesivos recursos y apelaciones que ha ido ejerciendo la defensa ante las autoridades judiciales brasileñas, alegando la prescripción del delito, defectos en la doble incriminación y el tiempo de cumplimiento de prisión en Bolivia. Después de cumplimentar los trámites, tres agentes de la Policía Nacional, pertenecientes a la OCN Interpol, han custodiado la extradición desde Brasil de García Juliá.
