La Fiscalía ha pedido este jueves al magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena que ordene el ingreso en prisión incondicional de la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, y otros exmiembros de la Mesa de la Cámara, Lluís Corominas, Lluís Guinó y Anna Simó, que han declarado por delitos de rebelión, sedición y malversación por facilitar los debates parlamentarios que culminaron con la declaración unilateral d independencia (DUI), han señalado fuentes fiscales.
Se solicita también prisión pero bajo fianza para Ramona Barrufet y libertad para Joan Josep Nuet. En el caso de éste último, de Catalunya Si que es Pot, su defensa viene asegurando desde la interposición de la querella que nunca facilitó la tramitación de los acuerdos parlamentarios que se llevaron al Pleno del Parlament en relación con el 'procés', ya que o bien se abstuvo o votó en contra.
La petición se ha realizado después de que Forcadell haya ha asumido ante el magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, según fuentes presentes en la declaración, la aplicación del artículo 155 de la Constitución que conllevó a la disolución de la cámara. La parlamentaria también ha matizado las consecuencias jurídicas que a su juicio tiene la declaración de independencia unilateral (DIU) que fue aprobada el pasado 27 de octubre, y a la que se habría referido como "simbólica" y "declarativa".
Fuentes jurídicas han informado del contenido de las declaraciones prestadas ante Llarena por Forcadell, Lluis Corominas y Lluis Guinó, quienes han accedido a responder a todas las preguntas de la fiscalía, un evidente cambio de estrategia de defensa respecto a la que han mantenido en el pasado.
Forcadell acata el 155 y matiza que la DUI fue "simbólica"
Precisamente, Forcadell ha asumido ante el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena la aplicación del artículo 155 de la Constitución que conllevó a la disolución de la cámara y ha matizado las consecuencias jurídicas que a su juicio tiene la declaración unilateral de independencia (DUI) que fue aprobada el pasado 27 de octubre, y a la que se habría referido como "simbólica".
Según fuentes de Presidencia del Parlament, Forcadell ha defendido a lo largo de su declaración que siempre ha permitido el debate sin prejuzgar el resultado ni controlar el contenido, con el fin de preservar el derecho a la actividad parlamentaria y el debate libre. A su juicio, evitar un debate parlamentario habría sido un incumplimiento de la legalidad aplicable a la Mesa del Parlament, de la legalidad internacional y de los principios del Estado Democrático.
Por ello, ha defendido que en todo momento ha cumplido con sus funciones como presidenta defendiendo la soberanía del Parlament y los derechos fundamentales como la libertad de expresión y el derecho de iniciativa de los diputados.
En respuesta a las preguntas que le han realizado los fiscales Fidel Cadena y Consuelo Madrigal -esta última exfiscal general del Estado-, la presidenta del Parlament ha explicado que como presidenta no puede hacer un control de fondo de las iniciativas parlamentarias y que como presidenta no tiene reconocida ninguna libertad para impedir votaciones.
Sobre las resoluciones del Tribunal Constitucional, ha defendido que este órgano a su juicio no puede actuar de forma previa como filtro o censura, sino que en todo caso lo hace a posteriori. Finalmente, y sobre los incidentes ocurridos en Barcelona a raíz del proceso independentista, Forcadell ha explicado que siempre ha defendido el pacifismo en todas las movilizaciones y proyectos políticos, y que la vía pacífica es la única posible para hacer realidad los proyectos políticos.
Forcadell y los miembros de la Mesa del Parlament han declarado en el Tribunal Supremo
Todos ellos han comparecido como investigados por los presuntos delitos de rebelión, sedición, malversación y otros conexos de los que la Fiscalía les considera responsables.
