La corrupción empieza a convertirse en una constante en la España democrática que supera ya las 1.700 causas abiertas y más del medio centenar de imputados, una veintena de ellos ya en prisión. A la cabeza Andalucía y Comunidad Valenciana.
En Madrid, Murcia, León y Valencia la operación Púnica completa hasta el momento el mapa de la corrupción. Esta trama podría ocupar la cuarta posición de la lista por el volumen del dinero defraudado. El récord, en este punto, lo tiene de momento el caso Malaya. El saqueo del Ayuntamiento de Marbella, destapado en 2006, superó los 2.400 millones de euros.
Es, sin embargo, el caso Pujol el que podría liderar el ránking en las próximas semanas si se confirma que la cantidad defraudada por la familia se eleva por encima de los 3.000 millones de euros. En 1.200 millones se cifra la estafa de los ERE en Andalucía, un caso de fraude masivo en la tramitación de ayudas públicas de la Junta durante una década, de investigación interminable. Y del PSOE al PP.
La trama empresarial Gurtel, la fiesta de los contratos a dedo en ayuntamientos y gobiernos autonómicos en Madrid y Valencia, ha supuesto un coste de 120 millones al erario público. No muy lejos, el caso Bárcenas destapaba una caja B en el PP controlada por el tesorero nacional.
Más financiación ilegal, la asociada a la asociada a Convergencia Democrática de Cataluña en el caso Palau. Ferrovial pagaba comisiones ilícitas por la adjudicación de obras.
En Galicia, también por amaño de contratos, el caso Pokemon acumula más de 100 imputados. En Caja Madrid, los directivos disfrutaron de más de 15 millones de euros con sus tarjetas opacas, sin control ni declaración a Hacienda.
También supuestamente ilegales, los negocios de Urdangarín y socios en el caso Noos, sus contratos a dedo por valor de 8 millones de euros.
Son sólo algunos ejemplos. ´
La corrupción se apropia en España cada año de 10.000 millones, según los cálculos más prudentes. 40.000 millones teniendo en cuenta su coste social o el impacto sobre la inversión extranjera.
