La exalcaldesa de Alicante Sonia Castedo ha defendido este viernes en su declaración ante el juez Juan Carlos Cerón la legalidad de la actuación municipal en relación al Plan Rabasa y el convenio para la instalación de la multinacional sueca Ikea en este barrio alicantino, al tiempo que ha negado que mantuviera una relación "de amistad íntima" con el constructor Enrique Ortiz. "No tengo por qué esconderme. Tendría que hacerlo si hubiera cometido alguna ilegalidad o beneficiado al señor Ortiz, y no lo he hecho", ha señalado a preguntas de los periodistas sobre las 13.00 horas, tras finalizar su comparecencia como imputada por delitos de tráfico de influencias y prevaricación ante el juez, que se ha prolongado durante unas dos horas.
En esa comparecencia no se han podido escuchar las conversaciones telefónicas bajo sospecha entre el empresario, que también está imputado en la causa, y la ex primera edil, tras notificar la Generalitat al juzgado que no podía poner a su disposición a ningún técnico de audio. A la exalcaldesa se le atribuyen los presuntos delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias.
Por otra parte, el abogado de la acusación popular que ejerce EU, José Luis Romero, ha explicado a los medios que Castedo ha calificado de "oficial" el viaje que hizo junto con su antecesor en la Alcaldía, Luis Díaz Alperi, Enrique Ortiz y otras personas a Oporto el 30 de octubre de 2008 para conocer las instalaciones de Ikea en la ciudad portuguesa, si bien ha matizado que pagó dicho desplazamiento de su bolsillo y ha apuntado que su letrado aportaría documentación de la tarjeta de crédito para así demostrarlo.
En un auto fechado el pasado mes de septiembre, el juez Cerón, que investiga esta pieza separada del 'caso Brugal' --la exalcaldesa está imputada en otra donde se indaga el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)--, aprecia indicios de que la ex primera edil pudo "beneficiar los intereses del empresario Enrique Ortiz" al aprobar la implantación de Ikea pese a que el plan urbanístico que debía acoger ese centro comercial estaba suspendido cautelarmente por el Tribunal Superior de Justicia.
Castedo, preguntada este viernes por este extremo en su declaración, tal y como ha explicado a su salida ella misma a los medios, ha contestado que ese convenio era "exclusivamente de planeamiento", que no tenía "nada que ver con la ejecución del Plan Rabasa", un macropoyecto urbanístico que preveía la instalación de 13.000 viviendas en este barrio. "Es más, los servicios jurídicos de la Gerencia Municipal de Urbanismo hacen referencia a la suspensión cautelar del TSJ y dicen que aunque no impide el llevar adelante el convenio, éste sí quedará supeditado a la decisión final que adopte finalmente el TSJ, y la decisión, en julio de 2010, fue levantar la suspensión", ha concretado.
Sobre este aspecto ha discrepado, también en declaraciones a los medios, el abogado de EU, José Luis Romero, según el cual la suspensión de una licencia de ejecución, como en el caso del Plan Rabasa, "afecta a todo lo que se refiere al acto o a la disposición general, es decir, no se puede hacer nada con esa licencia". Según el letrado, a cuyas preguntas en el juzgado la exalcaldesa ha rechazado contestar, como tampoco lo ha hecho a los de la otra acusación popular, que ejerce el PSPV, el convenio de Ikea aprobado "plantea la propia modificación del Plan Rabasa para modificar la edificabilidad en el sector terciario, lo que redunda en beneficio de los intereses de Ikea y del señor Ortiz".
Por su parte, Castedo ha insistido en que su relación con Ortiz no era "una relación íntima" y ha justificado que en las conversaciones grabadas por la Policía se la escuchara pedir discreción al empresario e instarle a que las reuniones entre ambos fueran en casa de alguno de ellos, fuera del Ayuntamiento, en que ella no tenía por qué estar "expuesta continuamente al público". Sí ha admitido durante su comparecencia que su familia y la del constructor se conocen y han compartido comidas, cenas y diversos viajes.
Asimismo, ha reconocido que su marido trabaja actualmente "como autónomo para una empresa de Ortiz", si bien, en su opinión, eso no le inhabilitaba para pronunciarse sobre las contratas municipales en favor del empresario, pues no versaban "sobre basuras, ni limpieza", que son los servicios que Ortiz presta a la corporación. "Conozco a casi todos los empresarios de la ciudad de Alicante", ha comparado. "¿Y qué desgracia es que Ortiz sea el empresario que dé trabajo a 2.000 familias de la ciudad?. Mi marido trabaja para él desde antes de conocerme, pero nada que tenga que ver con el Ayuntamiento. Si damos por hecho que he beneficiado al señor Enrique Ortiz, lo damos por hecho, pero que se demuestre", ha aducido después.
Tras su intervención ante los medios, el letrado de EU ha llamado la atención sobre lo "absurdo" de que la exalcaldesa haya calificado como "oficial" el viaje que realizó a Oporto en octubre de 2008, junto al empresario alicantino y el exalcalde Luis Díaz Alperi, cuando ha alegado al mismo tiempo que ese desplazamiento lo habían pagado de su propio bolsillo los participantes. De hecho, su defensa ha comunicado al magistrado que va a presentar documentación relativa al pago de una tarjeta de crédito que demostrarían esa afirmación.
Romero ha insistido en lo "absurdo" de que un viaje oficial "no lo pague el Ayuntamiento" y ha considerado lógico que "cualquier presunto delincuente niegue los hechos de que se le acusan", como ha hecho la ex primera edil al ser preguntada si Ortiz le influyó o ella influyó en los técnicos para beneficiar al empresario. En este sentido, el abogado de EU se ha quejado de que no se hayan podido escuchar las grabaciones de conversaciones telefónicas en el juzgado, que reflejan una "realidad" que contrasta con la que ha pretendido evidenciar hoy por Castedo. No obstante, ha indicado que ni el fiscal ni el resto de las partes han solicitado el aplazamiento de la comparecencia por ese impedimento técnico.
