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ENTREVISTA EN ESPEJO PÚBLICO
Catalá, sobre un presunto pacto entre Santamaría y Junqueras: "No hay pactos secretos al margen de la transparencia y la ley"
Rafael Catalá ha valorado que los mensajes de Carles Puigdemont son una "constatación de algo que dice el sentido común" y es que como "el señor Puigdemont no quiere volver no está en condiciones de ser candidato a nada", e insiste: "Lo que está pasando es que las leyes se acaban imponiendo".
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha valorado en Espejo Público los mensajes de Carles Puigdemont a Toni Comín en los que reconoce:"Moncloa triunfa; esto se ha terminado; los nuestros nos han sacrificado, al menos a mí".
Rafael Catalá considera que "estamos ante la constatación de algo que dice el sentido común y que dicen las normas, y es que una persona que quiere ser candidato a presidente de un Gobierno tiene que ir al Parlamento, tiene que presentar su programa, tiene que obtener el apoyo de la Cámara y como el señor Puigdemont no puede o no quiere volver no está en condiciones de ser candidato a nada".
Además, insiste el ministro en que "en el debate político se puede decir casi todo", pero después de que el Tribunal Constitucional y los letrados del Parlament se hayan pronunciado "lo que está pasando es que el sentido común y las leyes se acaban imponiendo".
Preguntado sobre las informaciones que hablan de un presunto pacto entre la vicepresidenta, Soraya Saénz de Santamaría, y el líder de ERC, Oriol Junqueras, Catalá ha sido contundente y ha asegurado que "no hay pactos secretos, no hay acuerdos al margen de la transparencia y la ley".
Explica Catalá que él entiende que "plan Moncloa" del que habla el expresidente cesado es "el conjunto de acciones que el Estado de Derecho lleva ejerciendo desde hace tiempo para garantizar que en España se cumplen las leyes, se aplica la Constitución " y matiza: "Todo esto no es el 'plan Moncloa' es el Estado de Derecho aplicado a todos los españoles".
El jueves pasado, Saénz de Santamaría avanzaba la intención del Gobierno de recurrir la propuesta de investidura de Carles Puigdemont. Finalmente el TC se reunió de urgencia el sábado y estableció medidas cautelares para impedir una investidura telemática o delegada. Rafael Catalá ha defendido en Espejo Público que "fue una decisión de Gobierno". Además, entiende que el Ejecutivo haya actuado de esta manera, no siguiendo las instrucciones del Consejo de Estado, porque dice que este órgano "tiene un carácter no vinculante y está de acuerdo en el fondo de la cuestión con el Gobierno, es una cuestión de procedimiento. Aquí pensamos que era mejor ir por delante".
Rafael Catalá no ha querido profundizar sobre si los mensajes de Puigdemont son un robado o un posado y se ha limitado a decir: "Lo que yo pueda decir es pura opinión. Yo creo que todos usamos cotidianamente los teléfonos móviles, las tabletas y es verdad que somos pocos cuidadosos. No sé si hay una búsqueda específica de que me vean o así somos, nosotros mismos nos exponemos".
Catalá ha resaltado que lo que han demostrado estos últimos meses es que "nada volverá a ser igual", y en esta línea apunta que "el comportamiento que está teniendo el presidente del Parlament de Cataluña creo que demuestra que quiere un camino distinto. Creo que en ese sentido nada será igual".
El ministro de Justicia ha dado por hecho que los responsables políticos del proceso soberanista serán inhabilitados antes de que exista una sentencia firme y, concretamente, lo serán cuando haya auto de procesamiento."Entiendo que cuando se dicte ese auto de procesamiento todas las personas que estén dentro de él serán inhabilitadas".
Catalá ha explicado que esa es la interpretación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece que la inhabilitación puede llevarse a cabo cuando se produce el procesamiento por "una serie de delitos graves" o "personas rebeldes". "En ese momento, antes de esperar incluso a la sentencia, ya hay una inhabilitación, más allá de lo que dicte la sentencia final", ha precisado.
Prisión permanente revisable
Rafael Catalá ha dicho a Susanna Griso que desde el Gobierno se tuvo "muy claro desde 2011" que en España "hacía falta tener la pena de prisión permanente revisable".
Catalá defienden la medida porque "es constitucional, lo tiene todo Europa y el 80% lo quiere. Me parece una barbaridad jurídacamente y políticamente vamos a seguir defendiéndola", además da la bienvenida a Ciudadanos "que yo creo que han corregido el enfoque y vamos a trabajar juntos. Hemos presentado una proposición para que la derogación que se pretende no se lleve a cabo".
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