La diputada de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) Carme Sayós, saluda a Pere Macías

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EL PASADO AÑO 5 MILLONES DE EUROS

Cataluña pide que el dinero invertido en la escolarización en castellano se destine a libros

Carme Sayós, diputada en la Comisión de Educación en el Congreso, ha pedido durante el debate sobre los PGE para 2016, que el dinero invertido en la escolarización en castellano se destine a libros de texto.

CiU ha pedido que se dedique a libros de texto el dinero destinado a compensar a las familias que tengan que escolarizar a hijos en un centro privado para estudiar en castellano como lengua vehicular al no tener dicha opción en uno público o concertado.

Lo ha pedido la diputada Carme Sayós en la Comisión de Educación en el Congreso, durante el debate sobre el proyecto de los presupuestos generales del Estado (PGE) para 2016, donde ha insistido en destacar que esa disposición, incluida en la Lomce, "no ha servido para nada".

La disposición 38 de la Lomce para la escolarización en castellano tuvo el pasado curso un presupuesto de 5 millones de euros, cifra que para el 2015-16 el Ministerio de Educación ha rebajado a un millón.

Ese descenso es para CiU prueba de que no es necesaria y debe "anularse" o ser "derogada". La disposición adicional 38 de la Lomce fija que las familias pueden pedir (desde el pasado curso 2014-15) el pago de la escolarización de su hijo en un centro privado cuando no tenga en su región uno público o concertado que le ofrezca educación en castellano como lengua vehicular.

La "proporción razonable" del castellano en la oferta educativa se fija, según señaló hace meses el entonces ministro José Ignacio Wert, en un mínimo del 25 % de las horas lectivas, es decir, una asignatura troncal (principal) además de la de Lengua Castellana y Literatura.

Las familias a las que se les reconozca el derecho regulado en la Lomce serán compensadas por el Ministerio de Educación hasta un importe máximo equivalente al coste de una plaza en un centro público.

En Cataluña, que es la comunidad fundamentalmente afectada por esta disposición, el coste de una plaza pública es de 6.003 euros, según una respuesta parlamentaria del Gobierno del pasado febrero.

Según datos del pasado mayo, el Ministerio de Educación había recibido hasta el momento 368 solicitudes de familias que viven en Cataluña y que piden esa compensación económica por tener que escolarizar a sus hijos en un centro privado para que estudien en castellano.

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