La presión judicial sobre el candidato de Junts per Catalunya (JxCat) a la investidura, Carles Puigdemont, está espoleando al soberanismo a explorar un plan B, del que casi nadie habla públicamente, aunque en privado ya circulan posibles alternativas al bloqueo político actual y a unas nuevas elecciones.
Diversas fuentes soberanistas han señalado que, después del impacto del pasado martes, cuando el presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, decidió aplazar por sorpresa el pleno de investidura, van quedando "cada vez menos salidas" para que Puigdemont pueda ser investido presidente de la Generalitat.
Aunque hay voces de JxCat y del PDeCAT abiertas a explorar alternativas, por el momento guardan silencio públicamente, a la espera de que sea el propio Puigdemont quien en los próximos días reflexione, "saque sus propias conclusiones" y señale un "camino" que posibilite la investidura de un nuevo president.
Los últimos movimientos judiciales han ido estrechando aún más el margen, no sólo para que Puigdemont sea investido sino también para que fuerce unas nuevas elecciones y se presente otra vez como candidato si no se le permite ser president.
El pasado martes se frustró posiblemente su último cartucho para ser investido: Torrent, valor al alza en una ERC que en pocos meses puede ver inhabilitados o en la cárcel a buena parte de sus cabezas visibles, evitó tirar adelante un pleno de investidura que habría chocado con las medidas cautelares del Tribunal Constitucional (TC).
En la segunda mitad de febrero, tras recibir todas las alegaciones, el TC podrá decidir si admite o no a trámite el recurso del Gobierno del Estado para impedir que Puigdemont sea investido, y fuentes soberanistas albergan pocas esperanzas de que el alto tribunal levante su veto a una investidura a distancia. Si el TC admite a trámite el recurso del Gobierno, el pleno de investidura y la candidatura de Puigdemont quedarán automáticamente en suspenso y, en marzo, según calculan las fuentes consultadas, el alto tribunal puede acabar confirmando su veto a una investidura de Puigdemont desde Bélgica, como apuntan las medidas cautelares.
En estas condiciones, fuentes republicanas dan por hecho que Torrent no se la jugaría forzando una investidura de Puigdemont que "no tendría efectos prácticos" y que implicaría una "desobediencia" que arrastraría al presidente del Parlament a una causa penal.
Pero esta semana el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha mencionado una nueva variable que puede trastocar aún más los planes de Puigdemont: la posibilidad de que los miembros del último Govern, en prisión o fugados, sean inhabilitados -en primavera- para ostentar un cargo público, una vez el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena dicte auto de procesamiento por rebelión.
Si en marzo o abril fuera inhabilitado, Puigdemont no podría ostentar ningún cargo en el Govern -ni el de president, ni el de conseller en cap, ni ninguna otra figura institucional- y tampoco podría repetir como candidato en unas hipotéticas elecciones convocadas si no hay otro candidato que pueda ser investido.
En las filas de JxCat se esgrimía como verosímil el escenario de nuevas elecciones si se impedía la investidura de Puigdemont, que en ese caso, argumentaban, podría salir reforzado en las urnas, pero la posibilidad de inhabilitación obliga a replantear la estrategia.
Si en las próximas semanas Puigdemont decidiese aceptar una responsabilidad meramente simbólica y acelerase un plan B, razonan diversas fuentes, podría apuntar como candidato a la investidura a Jordi Sànchez, expresidente de la ANC, número dos de su candidatura y ahora presidente del grupo parlamentario de JxCat, pero que se encuentra preso en la cárcel de Soto del Real (Madrid). Sànchez tiene la confianza de Puigdemont y es un perfil bien valorado por JxCat y el PDeCAT, pero se está estudiando si jurídicamente sería viable postularlo para la investidura.
Más allá del simbolismo y el pulso al Estado que implicaría investir presidente a un diputado ahora encarcelado, hay dudas de que pudiese asumir el cargo, puesto que el juez ya le denegó su asistencia a la sesión constitutiva del Parlament y, en todo caso, en marzo o abril podría ser uno de los encausados inhabilitados.
La siguiente opción que diferentes fuentes consultadas ponen encima de la mesa pasaría por investir a Jordi Turull, que fue conseller de la Presidencia y que concurrió como número 4 de JxCat. Además de su experiencia y de que goza de la confianza de Puigdemont, Turull sí está en libertad -salió de la cárcel de Estremera (Madrid) junto con Josep Rull, otro de los hombres fuertes de JxCat- y en principio no sería inhabilitado esta primavera, aunque sí podría serlo si hay sentencia antes de fin de año.
Otro nombre que ha llegado a circular es el de Elsa Artadi, estrecha colaboradora de Puigdemont en el Palau de la Generalitat y vertebradora de la 'lista del president' para el 21-D, pero su perfil genera recelos entre algunos diputados de JxCat y su relación con la dirección del PDeCAT -partido del que se dio de baja antes de las elecciones- es precaria.
Pero aunque el plan B no pase inicialmente por ella, sí podría entrar en el nuevo Govern en una posición de alta responsabilidad -por ejemplo, el departamento de Presidencia- y, en caso de que el nuevo president fuese inhabilitado, Artadi, ya curtida unos meses en primera línea, podría asumir las riendas de la Generalitat.
Sectores del partido avalarían un nombre de renovación y con vínculos con el mundo local, como el alcalde de Mollerussa (Lleida), Marc Solsona, diputado de JxCat y valor emergente del PDeCAT.
Mientras tanto, JxCat y ERC siguen negociando el esquema del futuro gobierno, para el que ya han pactado repartirse al 50% el número de conselleries y el presupuesto. Según fuentes de la negociación, ERC ha reclamado el departamento de Presidencia y la figura del portavoz del Govern -que en la pasada legislatura estuvieron en manos del PDeCAT-, pero JxCat es reacia a ceder estas áreas.
JxCat ha sugerido eliminar la conselleria de Exteriores -para absorber sus competencias posiblemente en Presidencia-, dividir en dos la cartera de Trabajo y Asuntos Sociales y crear un departamento de telecomunicaciones y tecnologías de la información.
Está en negociación quién asume el control de Interior, y JxCat y ERC también tienen pendiente negociar la renovación de los órganos públicos que dependen del Parlament, como la CCMA o el CAC.
