La ministra de Educación y Formación Profesional (FP), Isabel Celaá, ha asegurado que el Gobierno no permitirá la medida por la que los alumnos en prácticas formativas deben cotizar, como establece un real decreto del Ministerio de Trabajo, si ello va en detrimento del sistema educativo.
"Pueden estar seguros de que el Gobierno no va a permitir que esta o cualquier otra medida pueda ir en detrimento del sistema educativo, de la prestación del servicio, de su calidad y de la máxima amplitud de posibilidades", ha dicho.
Lo ha declarado este martes en la Comisión de Educación del Congreso y tras la petición de comparecencia del PP para que explique los efectos del real decreto real decreto-ley 28/2018 propuesto por el Ministerio de Trabajo, Migración y Seguridad Social.
Esta medida "no puede nunca generar perturbación en el sistema y no conseguir su mejora", ha añadido Celaá, además de responder al PP que debería preguntar a Trabajo y que sin conocer el desarrollo normativo, "no se puede cuantificar, ni siquiera por aproximación" el importe o la cuantía de esa futura cotización de las prácticas.
Para la portavoz de Educación del PP, Sandra Moneo, ha habido una "descoordinación tremenda" dentro del propio Gobierno con este tema y ha asegurado que puede afectar a 500 mil estudiantes.
Una cifra que, según Moneo, equivale casi al número de afiliados menos a la Seguridad Social: "No me gustaría pensar que esta es la razón exclusiva" por la que se ha adoptado una medida que crea "tensión" en comunidades autónomas, centros educativos y empresarios, ha aseverado. Moneo también ha sugerido a Celaá que "pida cuentas" a los ministros Pedro Duque y Magdalena Valerio sobre este tema.
Ciudadanos (ha calificado el decreto de "dislate"), ERC y PNV también ha criticado la nueva norma sobre cotización de alumnos.
Celaá ha dicho que "buscará una salida", va a "remar en la corrección de esta medida" y no permitirá que "se ponga en peligro la FP".
Se ha referido solo a la oferta de prácticas académicas no universitarias, es decir, a las que afectan a la FP de grado medio y superior pues lo referente a las prácticas de universitarios implica al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, que está previsto que se reúna en breve con Trabajo, los rectores de la CRUE y los universitarios para tratar el tema.
Celaá ha calificado la petición de comparecencia del PP de "impropia" y "anticipada" porque las explicaciones demandadas por los populares no las puede dar ya que la futura norma está en fase de desarrollo. No obstante, ha especificado que el real decreto ley 28/2018 de 28 de diciembre para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y empleo, incluye en efecto una disposición adicional quinta para incluir en el régimen de la Seguridad Social a personas que realicen prácticas formativas en empresas o entidades incluidas en programas de formación, aunque sin que exista la obligación de cotizar por las contingencias de desempleo.
Ha reconocido que, según le están transmitiendo las administraciones educativas, si los empresarios tuvieran que pagar "podría haber reticencias" para realizar los módulos profesionales de FP, sobre todo en determinados ciclos en los que ya de por sí es difícil encontrar centros donde hacer prácticas. Y si la obligación de cotizar recayera en las administraciones educativas también habría problemas en sus presupuestos.
"Es importante reflexionar sobre las consecuencias del posible desarrollo del real decreto y que no supongan desincentivación de la participación del sector productivo en su relación con el educativo", ha comentado. Sin embargo, ha defendido que la propuesta de Trabajo supone "una extensión de un derecho para reforzar la protección social de los estudiantes, mejorar sus condiciones en las prácticas formativas frente a riesgos comunes como enfermedades profesionales o accidentes de trabajo".
