El juez Eloy Velasco

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VELASCO HA ENVIADO A PRISIÓN A GONZÁLEZ

El CGPJ investigará si el juez Velasco pidió trabajo a Ignacio González para su mujer

El Consejo General del Poder Judicial va a investigar si el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, pidió trabajo para su esposa a Ignacio González cuando era presidente de la Comunidad de Madrid. El juez, antes de interrogar a Gonzalez, le preguntó si consideraba que debía abstenerse en el caso, al existir una grabación en la que González aludía a esa posible petición.

El promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha incoado diligencias informativas sobre la denuncia realizada por el partido Contrapoder para aclarar si el juez de la 'operación Lezo',Eloy Velasco, habría solicitado un trabajo para su mujer Beatriz Saura al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, a quien ha encarcelado por su presunta implicación en esta trama corrupta.

Según el acuerdo del 4 de mayo de 2017, el promotor del CGPJ, Antonio Jesús Fonsceca-Herrero, pide un informe al propio titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 sobre los hechos denunciados. También excluye de las diligencias el chivatazo que dio una magistrada al exdirigente madrileño de que estaba siendo investigado, aunque deduce testimonio para que se investigue si se cometió algún delito.

Precisamente, la denuncia presentada el pasado 26 de abril señala que el instructor del 'caso Lezo' preguntó a González, antes de tomarle declaración como investigado, si consideraba que debía abstenerse de la causa, dada a la existencia en el sumario de una grabación en la que el expresidente de la Comunidad de Madrid aseguraba que en el pasado había contratado a la esposa del magistrado a petición de éste.

La denuncia de Contrapoder alude a informaciones periodísticas sobre una conversación telefónica intervenida a González en las que el exmandatario madrileño se asombra de la conducta del magistrado, ya que éste le habría pedido en una ocasión que contratara a su esposa. Dicha contratación efectivamente se produjo, como prestadora de los servicios jurídicos para la Consejería de Asuntos Sociales.

Tanto González como su letrado rechazaron entonces que esta circunstancia comprometiera la objetividad del magistrado, por lo que la declaración siguió adelante.

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