El que fuera presidente del Gobierno andaluz socialista durante 19 años, Manuel Chaves, ha afirmado que en virtud de su cargo "conocía que en el Gobierno de la Junta de Andalucía se daban ayudas sociolaborales" pero "cómo se daban yo no lo sabía, no correspondía a mi ámbito político de decisión".
Chaves, que se enfrenta a 10 años de inhabilitación en el juicio de la pieza política del caso ERE por prevaricación, ha comenzado a responder al fiscal Anticorrupción Juan Enrique Egocheaga y en varias ocasiones ha subrayado que como presidente del Gobierno andaluz conocía que se daban ayudas sociolaborales como en el ámbito educativo u otros, pero "cuál era el procedimiento, con qué requisitos o quiénes eran los beneficiarios no entraba en mi ámbito político de decisión".
Ha defendido que "en el contexto de confianza de un equipo de Gobierno" existía la convicción de que "cualquier ayuda" que se daba estaba conforme a ley. "Para mí es muy difícil pensar que en cualquier consejería se pudiera establecer un procedimiento conscientemente ilegal o para burlar la ley", ha defendido.
Chaves ha defendido que durante sus años de presidente se reunió con muchos comités de empresa y sindicatos ante grandes crisis laborales porque "era mi responsabilidad" y "lo anormal es que un presidente del Gobierno no se hubiera reunido con el comité de empresa de Santana o Delphi" ha ejemplificado, tras subrayar que dichas reuniones eran "un acto de normalidad democrática".
Ha subrayado que la directriz política era que ante estas crisis se creara una mesa de negociación para tratar de salvar a la empresa en primer lugar y paliar los efectos en los trabajadores pero de nuevo ha insistido en que los acuerdos concretos a los que se llegaba en ese marco de negociación, que seguía las líneas de los acuerdos de Concertación Social con los agentes sociales, no formaban parte de su competencia.
Chaves, que presidió Andalucía entre 1990 y 2009 y que cuando estalló el caso en 2011 era vicepresidente en el Gobierno central, se sienta en el banquillo junto a otros 21 ex altos cargos de la Junta por crear o mantener un "procedimiento específico" con el que de 2001 a 2011 se repartieron más de 850 millones en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis, según la Fiscalía, de forma arbitraria y eludiendo los controles.
