El 'chófer de la coca' reconoce el gasto en drogas y fiestas con dinero de la Junta de Andalucía

Juan Francisco Trujillo, el que fuera chófer del director general de Trabajo de la Junta de Andalucía, Javier Guerrero, ha acudido en la mañana de este lunes a los juzgados de la Audiencia Provincial de Sevilla para declarar acusado de prevaricación, malversación y falsedad en una de las piezas separadas del caso ERE. Se le acusa de recibir ayudas autonómicas para expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos y subvenciones arbitrarias por valor de casi 1,5 millones de euros concedidos por su jefe y alto cargo de la Junta, fallecido en 2020.

Trujillo ha llegado veinte minutos antes de que comenzase la primera sesión del juicio, pero no ha hecho ninguna declaración ni a la entrada ni a la salida a los periodistas que estaban en la puerta. Tampoco su abogado, José Manuel Sánchez.

Nada más comenzar el juicio, el chófer ha pedido la renuncia de su abogado argumentando que no se siente "bien atendido" y no tiene "confianza" en su defensa. Ha asegurado que se juega muchos años de cárcel -le piden 14 años de prisión- y ha pedido el cambio de letrado. Tras cinco minutos de pausa se le ha denegado esta petición debido a que es un abogado de oficio y que ha sido designado por el Colegio de Abogados.

Esta mañana han comenzado las cuestiones previas y Trujillo solo ha respondido a las preguntas de su abogado en las que se ha ratificado en su declaración durante la instrucción, donde reconoce el gasto de miles de euros en drogas y fiestas con el dinero de la Junta para él y su exjefe. También ha confirmado que su mujer, también involucrada en el juicio, ha abonado los 24.000 euros que se le pedían.

En el banquillo también se ha sentado la mujer del chófer, acusada como beneficiaria a título lucrativa de las ayudas de su marido; Antonio Albarracín, exdirectivo de Vitalia, la aseguradora; e Isidoro Ruz Espigares, administrador de una de las empresas de Trujillo.

Durante la semana continúa el calendario del juicio con la declaración de testigos y pruebas periciales. Para el 18 de enero están previstas las conclusiones definitivas y el turno de última palabra de una de las piezas que quedan por resolver de la macrocausa de los ERE en Andalucía.

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