Choque entre el Gobierno y sus socios por la vivienda: Díaz recrimina que no se está haciendo todo lo posible

Nuevo cruce de tensiones en el seno del Gobierno de coalición. El último choque se ha producido entre la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y el Gobierno, por la problemática de la vivienda.

La ministra de Trabajo acusa al Ejecutivo de Pedro Sánchez de que no se está haciendo todo lo posible para solucionar el problema de la vivienda en España. Es más, Díaz asegura que no se está llevando a cabo lo que se había pactado en el acuerdo de gobierno entre el Partido Socialista y Sumar, donde se contemplaba actuaciones para el control de precios.

Es más, el portavoz del PP, Borja Sémper, está de acuerdo en estas declaraciones de la vicepresidenta segunda en que el Gobierno no ha hecho todo lo posible por solucionar el problema de la vivienda en España.

Yolanda Díaz espera que la comparecencia de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, este miércoles en el Congreso dé respuestas al problema y no el diagnóstico. "Sabemos que en el corto plazo hay que intervenir el precio de la vivienda. En el medio tenemos que hacer el diseño de un parque público de viviendas, de alquiler social, que España no tiene. (...)

"Hay que hacer en la vivienda es como una especie de reforma laboral, pero en materia de vivienda", aseguraba la ministra Yolanda Díaz, quien explica que hay dos factores que hacen incrementar el precio de la vivienda: los alquileres de temporada y los alquileres turísticos.

Además, denuncia que la vivienda es "la principal factoría de desigualdad en España". "La cuestión en el debate político es a quién le damos tranquilidad: a los fondos de inversión que se adueñan de nuestras ciudades enteras (...) o a las familias". Y reclama un paquete fiscal a corto, medio y largo plazo.

"No hay un proyecto vital para la juventud de nuestro país, pero no sólo son jóvenes, es que una viuda que tenga una pensión de 600 euros al mes no puede vivir de alquiler. (...) En breve volveremos a subir el salario mínimo y da igual que sigamos subiendo los salarios, porque el arrendamiento es una misión imposible en España", ha subrayado.

Rodríguez dice que el índice del alquiler está "ultimándose"

El presidente Pedro Sánchez y la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, han mantenido este martes una reunión en el Palacio de la Moncloa con 30 organizaciones sociales para abordar el problema de la vivienda en España. Entre ellas se encontraba la secretaria de Políticas Sociales y Vivienda UGT, Ana Isabel Gracia, y el secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, Carlos Bravo.

La ministra Isabel Rodríguez ha indicado que el índice para regular la actualización anual de los contratos, que se está elaborando por parte del Instituto Nacional de Estadística (INE), está pendiente de "ultimarse" a la espera de la supervisión de los técnicos del Ministerio de Economía y del Ministerio de Vivienda.

La Ley por el Derecho a la Vivienda estableció que el INE definiría, antes del 31 de diciembre de 2024, un índice de referencia para la actualización anual de los contratos de arrendamiento de vivienda a partir de 2025, con el objeto de evitar incrementos desproporcionados en la renta de los contratos de arrendamiento.

Tras el encuentro, la ministra de Vivienda ha asegurado que una de sus "prioridades" será cumplir con los compromisos adoptados en el acuerdo de coalición entre PSOE y Sumar, en referencia a las declaraciones de Díaz, en las que decía que el Gobierno "no está haciendo todo lo posible" para solucionar el problema de la vivienda.

"Si el presidente del Gobierno se ha propuesto solventar este problema, no le quepa duda a los españoles que lo vamos a solventar. Que vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para dar respuesta al problema de la vivienda en España", ha manifestado. A su vez, ha relatado que el encuentro mantenido en Moncloa ha sido "positivo".

También han estado presentes en la reunión la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE), la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), la Asociación Española de Gestores Públicos de Vivienda y Suelo (AVS), la Confederación de Cooperativas de Viviendas de España (Concovi), la Federación de Cooperativas de Viviendas en Cataluña, la Asociación de Gestoras de Vivienda, la Asociación Nacional de Empresas de Rehabilitación y Reforma (Anerr) y Seopan.

Por parte de las entidades financieras han acudido la Asociación Española de la Banca (AEB), Confederación Española de Cajas de Ahorros y Banca (Cecabank). También otras organizaciones como el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España (Cscae), Consejo General de Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de España- Consejo General de la Arquitectura Técnica de España (Cgate), o la Conferencia de Escuelas de Arquitecturas de España.

Asimismo, han estado organizaciones sociales como Hogar Sí Provivienda, Plataforma Tercer Sector, Consejo de la Juventud de España, Confederación Estatal de Asociaciones de Vecinos (CEAV), Facua, Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona, Registradores de España, Confederación de Cámaras de la Propiedad Urbana, Consejo General del Notariado, Fundación Salas, PAH-Plataforma de Afectadas por la Hipoteca, y los sindicatos UGT y CCOO.

Isabel Rodríguez también ha asegurado que el Gobierno se compromete a que las viviendas que se construyan con los fondos públicos se mantengan siempre públicas. Y las organizaciones han trasladado a Pedro Sánchez más viviendas para suplir el déficit de oferta en el mercado, pero también más regulación para defender a los inquilinos.

ERC lleva de nuevo la ley para regular los alquileres de temporada

ERC ha vuelto a registrar en el Congreso la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos para limitar el alquiler de temporada y habitaciones que presentó Sumar hace unas semanas y que PP, Vox, UPN y Junts tumbaron.

La norma consiste en una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos para equiparar los contratos temporales a los de vivienda habitual. Uno de los cambios que ha introducido ERC es que el contrato de temporada no pueda exceder de nueve meses, en lugar de seis como se indicaba en la ley original de Sumar.

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